Trump avala y se vale de la «guerra contra las pandillas» de Bukele
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su «guerra contra las pandillas», tiene el espaldarazo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien incumpliendo una orden judicial, deportó al país centroamericano a 238 reclusos de la mara venezolana Tren de Aragua.

El acuerdo entre Nayib Bukele y Donald Trump coincide con el tercer aniversario hoy del régimen de excepción, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022. Desde entonces, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente salvadoreño, Nuevas Ideas, ha ido prorrogando mensualmente la medida, que surgió como respuesta a una matanza de 87 personas perpetrada por las pandillas en un fin de semana, y que evidenció el fracaso del Plan de Control Territorial puesto en marcha por Bukele al inicio de su primera legislatura y con el que pretendía acabar con las maras «en 3 o 4 años».
Para ello, echó un pulso sin precedentes a los 70.000 miembros de las maras, a las que se responsabiliza de 120.000 muertes violentas en los últimos 30 años. Sus políticas represivas se tradujeron en militarizar las calles, cercando municipios enteros con soldados y policías, para identificar y detener a personas sospechosas.
Su proyecto «estrella», avalado ahora sin fisuras por Trump, es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde han sido recluidos los 238 venezolanos expulsados de EEUU, junto a una veintena de miembros de la Mara Salvatrucha también deportados.
OPACIDAD TOTAL
No se ha especificado si ya estaban condenados o de qué delitos se les acusa. Ha trascendido que, entre los pandilleros expulsados, se encuentra César Antonio López Larios, “El Greñas”, uno de los 14 ranfleros de la MS-13, acusado en una Corte de Nueva York de conspiración para cometer actos de «terrorismo» que trascienden las fronteras nacionales.
Bukele, consciente de la repercusión mundial de esta operación, difundió un vídeo al más puro estilo cinematográfico en el que se ve a hombres fuertemente armados bajando del avión a los presos encadenados de pies y manos. A continuación, muestra imágenes de su llegada a la cárcel, donde son obligados a arrodillarse para que les rapen el pelo antes de introducirlos en una celda.
Proyecta así a nivel internacional su política de mano dura que tanto rédito le ha dado a nivel interno, donde goza de una gran popularidad. La población avaló en las elecciones de 2024 sus medidas represivas dándole una apabullante victoria, pese a que varios artículos de la Constitución prohibían su reelección. Ello también se tradujo en un control absoluto de la Asamblea Legislativa, donde su partido ostenta 54 de los 60 diputados, lo que le permite prorrogar sine die el régimen de excepción, que se ha traducido en el arresto de cerca de 87.000 personas en tres años acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a El Salvador que derogue el régimen de excepción, porque «este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente». Además, constató que hay un hacinamiento de hasta un 300% en las 23 cárceles del país, un infierno para los reclusos, muchos de ellos sin haber sido juzgados.
OCULTAR PACTOS CON LAS MARAS
Bukele siempre ha desoído estas solicitudes y ha arremetido contras las organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente. Socorro Jurídico Humanitario eleva a 374 el número de personas privadas de libertad fallecidas en prisión, incluidos cuatro bebés, aunque cree que pueden ser 1.000 en los últimos tres años.
Su directora, Ingrid Escobar, advierte de que El Salvador se ha convertido en una dictadura porque «todo el poder se concentra en Bukele, quien controla, además, el Poder Judicial». En declaraciones a GARA, Escobar cifra en «más de 25.000 los inocentes que han ido a parar a los centros penales». El Ejecutivo reconoce que ha liberado a 8.000 encarcelados sin pruebas.
Sostiene que al Gobierno le conviene recibir a los pandilleros salvadoreños deportados porque así garantiza que «no confiesen» en los juicios pendientes en Nueva York los «pactos» con Bukele durante el Plan de Control Territorial. Este ya no solo cuenta con el respaldo de la mayoría de su población, sino con el apoyo incondicional de Trump, quien ha hallado a su principal socio en Centroamérica para deportar presos, vulnerando la legislación de su propio país.

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