El 2 de abril se debía firmar el acuerdo entre la firma CK Hutchison y el consorcio liderado por BlackRock y el armador Mediterranean Shipping Company (MSC) para la venta de dos dársenas del Canal de Panamá, propiedad del consorcio chino. El pasado viernes, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado en China (SAMR, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en el que informaba de que revisará «en profundidad» la venta de las dos terminales que el grupo CK Hutchison posee en Panamá.

Un portavoz de la segunda división antimonopolio del organismo informó de que «la transacción será revisada de acuerdo con la ley para proteger la competencia justa en el mercado y salvaguardar el interés público». Esta división es la encargada de revisar el cumplimiento de la ley antimonopolio en las concentraciones empresariales. Asimismo, según consta en su página web, es responsable de investigar las concentraciones ilegales de empresas, así como aquellas uniones que pueden restringir la competencia.

No es habitual que una agencia estatal china supervise una operación en la que participa una empresa con sede en Hong Kong

Varios medios de comunicación ha subrayado que no es habitual que una agencia estatal china supervise una operación en la que participa una empresa con sede en Hong Kong. Sin embargo, el acuerdo de compraventa ha puesto de relieve que, en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre EEUU y China, las empresas con sede en China corren un importante peligro.

De ahí que, unos días antes, al ser preguntado sobre la venta del negocio de puertos extranjeros por parte de CK Hutchison, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, declarara que China se opone firmemente a las medidas que vulneran y socavan los derechos e intereses legítimos de otros países mediante la coerción económica, el hegemonismo y la intimidación.

El control del Canal de Panamá

Hacerse con Groenlandia y el Canal de Panamá fueron los objetivos que Donald Trump definió nada más llegar a la Casa Blanca. La declaración sobre esta vía comercial tuvo un efecto inmediato en el pequeño país caribeño, donde el Gobierno de José Raúl Mulino abrió una auditoria a Hutchison Ports sobre las concesiones de las dársenas Balboa y Cristobal debido a los bajos rendimientos que habían generado al Estado durante la anterior concesión entre 1998 y 2021. Resulta llamativo que ahora se abra una auditoria sobre la anterior concesión, cuando en 2021 se renovó por 25 años más.

Las dos dársenas que BlackRock planea comprar están situadas en las entradas del Pacífico y del Atlántico, respectivamente. El canal posee tres más, de modo que la empresa china no tiene una posición de monopolio en los servicios del Canal. El acuerdo se cerró a principios de marzo e incluía hacerse con todo el negocio portuario que Hutchison Port tiene fuera de China por 19.000 millones de dólares. El grupo tiene 43 terminales de contenedores en 23 países de todo el mundo. En 2024 movió 65,2 millones de teus (contenedor estándar), el 20% en instalaciones chinas, el 25% en Europa y el otro 54% en el resto del mundo. A pesar del importante volumen de transporte, el grupo chino no tiene ninguna terminal en EEUU.

A raíz de la investigación, Financial Times especulaba con que las autoridades chinas no impedirán el acuerdo y se limitarán a imponer condiciones para garantizar que no se debilite o dificulte el acceso a las navieras chinas. Una solución que se antoja complicada en un momento en que los aspectos geopolíticos se imponen sobre los estrictamente económicos o regulatorios.

Torpedear el acuerdo sería un recado en forma de terremoto para el mundo financiero

En este sentido, el director del Centro de Geoeconomía del think tank Atlantic Council, Josh Lipsky declaró a Financial Times que «sobre el papel, que SAMR revise cómo afecta este acuerdo a la industria naviera china en virtud de su mandato antimonopolio tiene mucho sentido. Pero ¿alguien se lo cree realmente o se trata de echar por tierra un acuerdo que luego tendrá ramificaciones en Hong Kong como centro financiero? Torpedear el acuerdo sería un recado en forma de terremoto para el mundo financiero. Los riesgos son muy altos para todas las partes implicadas».

Las implicaciones son muchas. En cualquier caso, el Gobierno chino suele sopesar mucho los efectos a largo plazo de sus decisiones. Si considera en peligro sus intereses comerciales es posible que esté dispuesta a asumir otro tipo de costes, a fin de cuentas, la guerra comercial lanzada por EEUU también impone costes.

Campaña en Hong Kong

El conglomerado de telecomunicaciones y comercio minorista CK Hutchison pertenece al hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing, y su familia. Durante los últimos quince días, el diario hongkonés Te Kung Pac ha publicado varios artículos criticando el acuerdo del magnate porque perjudica los intereses nacionales de China. Sin paños calientes lo han calificado como traición y cooperación con la estrategia estadounidense de contención de China.

Uno de ellos señalaba que EEUU considera a China como «el desafío geopolítico más importante», y está empleando medidas como el bloqueo tecnológico, las guerras comerciales y la desvinculación de la cadena de suministro para frenar el desarrollo pacífico de China. El control de la infraestructura crítica global es una de las estrategias clave de EEUU y los puertos se han convertido en un objetivo prioritario, según el artículo.

El Canal de Panamá es una importante arteria para el transporte marítimo mundial, pero es sobre todo un embudo. Gestiona entre el 3% y el 6% del comercio mundial, según las fuentes, y sirve como paso crucial para el comercio entre China y el continente americano. El gigante asiático es el segundo mayor usuario del Canal, lo que lo convierte en un elemento clave para sus operaciones y en general para los intereses nacionales de China.

El gigante asiático es el segundo mayor usuario del Canal, lo que lo convierte en un elemento clave para sus operaciones

El artículo argumentaba que una transacción puede ser «legal» en virtud de la libertad contractual, pero que es de sentido común que cualquier acción que sea gravemente perjudicial para el país y la sociedad sea regulada y sancionada por la ley, incluidas aquellas transacciones que «utilicen medios legales para encubrir fines ilegales». De este modo, el autor subrayaba que el interés general deberá prevalecer sobre los intereses particulares involucrados.

Cualquiera que sea el desenlace, el Gobierno chino ha dado un golpe sobre la mesa. Si en el mercado internacional las reglas comerciales no se respetan, se impondrán las decisiones políticas. De momento, Donald Trump tendrá que esperar.