
El diputado general de Araba, el jeltzale Ramiro González, ha trasladado a la Diputación Provincial de Burgos «la necesidad de solucionar definitivamente» la integración administrativa de Trebiñu y «finalizar con el anacronismo y la excepcionalidad».
Así se recoge en una misiva enviada el pasado 20 de diciembre por González al presidente de la Diputación burgalesa, una carta en la que advierte de que el acuerdo marco entre ambas instituciones para dotar de servicios básicos a sus habitantes debe finalizar en cuatro años.
Según ha explicado el diputado general en respuesta a una pregunta formulada por Elkarrekin Araba en el pleno de control de este miércoles, deben ser cuatro años para «solucionar, definitivamente, una situación anacrónica que no debe prolongarse más».
«Esta ha de ser la última prórroga del acuerdo marco y debemos estar ante los últimos convenios. La situación actual es tremendamente cómoda para Burgos y para Castilla y León, ya que les sirve para enmascarar el problema», ha manifestado.
En este sentido, ha argumentado que el acuerdo marco «supone una excepcionalidad» y «es temporal por definición». «Tiene un límite, hemos aceptado una última prórroga de cuatro años. Hay tiempo de sobra para que se solucione de forma definitiva», ha apremiado.
Ha reiterado que la Diputación alavesa «no puede prestar de manera indefinida y sin límite los servicios a esos ciudadanos», y ha remarcado que los pasos para integrar Trebiñu «tienen que surgir desde la propia ciudadanía y desde los propios municipios del enclave».
Asimismo, ha explicado que «no es posible legalmente cumplir la moción» de las Juntas Generales de Araba para tratar a Trebiñu como la octava cuadrilla. «Es una declaración política, pero no es posible cumplirla por completo», ha reconocido.
Y ha recordado que el 25 de febrero del año 2014 el Congreso español rechazó la proposición de ley presentada por el Parlamento de Gasteiz que pretendía la integración de Argantzon y Trebiñu. El debate se dio ante un hemiciclo «absolutamente vacío, donde los representantes de Álava nos sentimos realmente mal».
Ocho convenios
González ha señalado que en la actualidad hay ocho convenios de colaboración en materia de proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de elementos menores de equipamiento e infraestructuras; en materia de protección civil y atención de emergencias; y en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento.
Asimismo, el acuerdo con Burgos proporciona servicios en materia de promoción de actividades culturales educativas, deportivas y fomento del euskara; políticas públicas de juventud; protocolos y coordinación en la lucha contra la violencia machista y políticas públicas en materia de igualdad.
También contempla actuaciones en materia de integración y atención social a personas mayores, con discapacidad, dependientes y víctimas de violencia de género, así como en materia de proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de bienes históricos y artísticos protegidos.
«Este acuerdo marco se prorrogará este año por otros cuatro años y debe ser el último de los convenios, ya que hay tiempo de sobra para solucionar la situación. Como he dicho antes, no se debe normalizar lo que no es normal», ha finalizado.
«Es el momento»
Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha apelado a impulsar la integración desde las Juntas Generales de Araba, porque «es el mejor momento político».
«Los convenios son un mal menor, transitorio y temporal. Creo que es el momento de que, desde las Juntas Generales y desde la Diputación Foral de Álava, demos un paso adelante ya, porque después será demasiado tarde», ha manifestado.
Elkarrekin ha expuesto que los habitantes de Trebiñu están obligados, en muchos casos, a empadronarse en Araba para tener acceso a todos los servicios públicos básicos en igualdad de condiciones de todos los alaveses, «sintiéndose población de segunda».
Al respecto, ha recordado la comparecencia en Juntas de representantes de la Agrupación Independiente de Treviño, quienes pusieron «múltiples ejemplos reales de cómo afecta esto a su vida diaria en temas como las becas universitarias, asistencias sanitarias, compra de medicamentos en farmacias, acceso a centros de día de mayores y el mantenimiento de carreteras», entre otros.
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