El Gobierno de Lakua prevé aprobar antes de fin de año un nuevo decreto de ordenación y planificación de los centros escolares tras la anulación del texto que regula esta materia por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), según ha anunciado la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha afirmado que el objetivo es introducir «novedades» en dicha normativa.

Pedrosa ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz para informar, a petición de EH Bildu, de las medidas que piensa adoptar su departamento ante la anulación del decreto sobre planificación de los centros educativos por parte del TSJPV.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha recordado que el TSJPV anuló el pasado mes de enero la norma por la que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

El decreto –según ha explicado Arrese– afecta a cuestiones clave como la matriculación del alumnado, por lo que ha lamentado que hayan tenido que transcurrir dos meses y medio para que la consejera, a petición de su grupo, acuda al Parlamento para dar explicaciones sobre qué medidas piensa adoptar ante la «incertidumbre» a la que esta resolución judicial aboca a los alumnos, a sus familias, y a los centros educativos.

Pedrosa ha iniciado su intervención argumentando que no ha podido acudir hasta ahora a la Cámara para responder a la petición de EH Bildu porque «a veces las cosas se complican». «Tenemos muchas responsabilidades y no podemos estar en todas partes», ha indicado.

La consejera ha defendido que el decreto anulado por el TSJPV pretendía adaptar la normativa a los cambios producidos en los últimos años en el sistema educativo, que se ha visto afectado por la caída demográfica y por el incremento de alumnos procedentes de otros países.

«Un sistema tiene que responder y adaptarse continuamente en este contexto; y a la hora de hacer política, no podemos mirar para otro lado», ha afirmado, tras lo que ha defendido los cambios introducidos en la normativa para combatir la segregación escolar por motivos de origen socioeconómico del alumnado.

Pacto contra la segregación

Por todo ello, ha advertido a quienes «quieren volver al decreto de 2009» que esa no es una opción asumible, puesto que hay que «mirar hacia adelante». En este sentido, ha anunciado que el Gobierno de Lakua «activará en breve el pacto contra la segregación» y que «ahora toca hacer un decreto nuevo». «Ese es el compromiso que tenemos», ha añadido.

La consejera ha defendido que «más allá de los propios cambios sociales», la decisión de elaborar el decreto ahora anulado respondió a la necesidad de adaptarse al nuevo marco normativo. Por ese motivo, ha afirmado que argumentar «que no era necesaria esta modificación, como que se ha hecho en la propia literatura de la sentencia, es desconocer o querer ignorar el profundo cambio de contexto legal que se ha producido a nivel estatal, porque hablamos de la normativa básica».

La consejera ha subrayado que pese a esta sentencia, no se produce «ninguna inseguridad ni incertidumbre» para las familias o los centros, y que el proceso de matriculación actual «no se va a ver afectado». Además, tras mostrar su «respeto» a las sentencias judiciales, ha afirmado que no está «de acuerdo» con la «lectura» que se ha realizado en esta resolución, motivo por el que ha recordado que el Gobierno de Lakua ya ha presentado un recurso contra la misma.

«Más protección jurídica»

Pedrosa ha recordado que la sentencia no es firme, por lo que «no hay todavía nada invalidado» y el decreto «sigue en vigor». De esa forma, ha llamado a la «tranquilidad». «No hay ningún motivo para alimentar la idea de la inseguridad jurídica; no se trata de hacer política del miedo, sino de asumir la responsabilidad, buscar cohesión, y ofrecer tranquilidad a nuestra sociedad y a nuestras familias», ha añadido.

Además, ha explicado que una «amplia mayoría» de principios y contenidos del decreto ya han sido incorporados en la ley de educación aprobada en 2023, lo que aporta «más protección jurídica» y evita que se produzca un «vacío legal».

«Ningún aspecto que afecte a la planificación queda huérfano de regulación», ha manifestado. En todo caso, ha recordado que su departamento «ya está trabajando en la tramitación de un nuevo decreto», que prevé que pueda ser aprobado «para finales de año».