Este sábado 5 de abril será una jornada bisagra en la lucha social por una vivienda digna. Como nunca antes, los inquilinos organizados en sindicatos en todos los territorios del Estado se han coordinado para salir a la vez a marchar para exigir la rebaja de los precios de los alquileres, en lo que constituye una acción contundente en la estrategia que culminará con la huelga de alquileres en el verano.

Bajo el lema ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’ y con la convocatoria de decenas de organizaciones del movimiento de vivienda del Estado, más de 40 ciudades marcharán entre las 12 y las 19 horas. En Madrid comenzará al mediodía y partirán desde la estación de Atocha en dirección hacia la zona de la Gran Vía, mientras que en Barcelona se ha convocado a las 18.00 en la Plaça d’Espanya.

«Desde los Sindicatos de Inquilinas de todo el Estado hacemos un llamamiento a asistir a la movilización. Tras las multitudinarias manifestaciones por el derecho a la vivienda que tuvieron lugar en otoño en las principales ciudades del Estado, el 5 de abril damos un paso más allá para salir simultáneamente a las calles en decenas de ciudades en un mismo golpe de efecto», señalaba el comunicado que enviaban a los medios el mes pasado en el que anunciaban la inédita acción conjunta.

La referencia a las manifestaciones masivas no es baladí. El 13 de octubre y 9 de febrero pasados en Madrid y el 23 de noviembre en la capital catalana hubo concentraciones con gran éxito de convocatoria y mucho eco mediático. También se llevaron a cabo en Málaga, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, tres de las ciudades más afectadas por la gentrificación y la crisis de los alquileres, según el consenso de expertos.

En Euskal Herria la movilización tendrá lugar en Donostia, en el Bulevar y a las 12:00 del mediodía, convocada por Etxebizitza Sindikatua. Está previsto que haya buses desde diversos puntos.

Entre las demandas compartidas en esta jornada descentralizada del 5A, los colectivos convocantes exigen una bajada inmediata de los alquileres en torno al 50 por ciento, la recuperación de viviendas vacías, la ilegalización de las empresas de desokupación, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y fin de la represión al movimiento de vivienda.

Además, cabe recordar que el tema de la vivienda es una de las cartas que ha elegido el PP para combatir con el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha enrocado en contra de la aplicación de la ley de Vivienda en las comunidades autónomas que gobierna (al ser una competencia transferida, esta normativa para ponerse en práctica debe contar con el aval del ayuntamiento y del gobierno autonómico).

«El objetivo es extender el sindicalismo de base, consolidar la organización inquilina en los bloques y escalar los conflictos contra los grandes propietarios», señalan los convocantes

Los sindicatos de inquilinos llevan todo el mes de marzo «intensificando» el trabajo en los barrios y bloques de grandes propietarios para «reforzar la organización» y poner a punto todo para la movilización, según han informado. «El objetivo es extender el sindicalismo de base, consolidar la organización inquilina en los bloques y escalar los conflictos contra los grandes propietarios. Las huelgas de alquiler ya iniciadas contra La Caixa y Nestar-Azora (segundo y tercer mayores caseros del Estado) serán clave en esta estrategia de lucha», recalcan.

Para avanzar en la estrategia, que culminará en una huelga de alquileres focalizada en Madrid y Barcelona para junio o julio según ha trascendido, los sindicatos activaron «comités locales, brigadas y piquetes inquilinos» preparados para operar en los principales conflictos de vivienda. «El 5 de abril no será solo una gran movilización, sino un paso más en la organización de un movimiento que no parará hasta acabar con el negocio de la vivienda», concluye el comunicado.

«Desobediencia civil»

El investigador del CSIC y del Grupo de Estudios Críticos Urbanos de la UNED, Javier Gil García, señala en conversación con NAIZ que lo que se está viviendo en 2025 sigue siendo crítico, a pesar que en algunas regiones del Estado se esté aplicando la Ley de Vivienda: «Siguen subiendo los precios y por más que en algunos sitios hayan podido bajar un poco, no está mejorando la situación porque estamos viendo que esa ley está siendo completamente insuficiente porque las bajadas son mínimas en comparación con la magnitud del problema».

Sobre la gravedad de la crisis y ante la pregunta si el drama peor es la subida de precios o el peso de su pago en lo salarios, responde: «El problema es que tenemos unos precios que no se pueden pagar por parte de la población, están disociados de la economía de los hogares y de las familias. Por tanto, hay que bajar los precios de manera generalizada y acoplarlos a los salarios de las familias».

Con respecto a la estrategia de los sindicatos que tiene como objetivo de su hoja de ruta una huelga de alquileres, Gil asegura que esa medida de fuera «es un instrumento legítimo» al estar atravesando «un contexto en el que no se toman medidas suficientes».

«La población se está empobreciendo más por esta razón y solo le queda organizarse como forma de presionar para que bajen los precios. La desobediencia civil es el único mecanismo que le queda ahora mismo», ha enfatizado.