El Ayuntamiento de Donostia ha solicitado una reunión del Consejo de Administración de la sociedad San Bartolome Muinoa para iniciar la resolución de mutuo acuerdo del contrato que afecta a la construcción de un centro comercial y un parking en el cerro, «de tal manera que el proyecto no se ejecute».

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Eneko Goia, en una comparecencia ante los medios, en la que ha advertido de que no se trata de una «decisión fácil». De hecho, ha reconocido que tendrá «consecuencias», ya que la estimación del valor de la parcela asciende a doce millones de euros. He ahí que haya hecho énfasis en la necesidad de llegar a un acuerdo con el comprador, la sociedad Midfield Capital, que lidera el donostiarra Robert Nieto.

Goia ha recordado que la operación urbanística de San Bartolomé comenzó en 2008. Se preveía el derribo y realojo de 174 viviendas y locales, el traslado del cuartel de la Policía española y la construcción de un nuevo colegio para la Compañía de María. Un reto que se vinculó a la burbuja inmobiliaria.

El Consistorio pretendía financiar la operación con la venta de vivienda libre a precio de 9.000 euros por metro cuadrado, pero la crisis echó por tierra las previsiones, y en 2014 el Gabinete de Juan Karlos Izagirre acordó con el resto de grupos un plan que preveía la construcción de un edificio residencial, un espacio reservado para un hotel y una zona comercial.

El edificio y el hotel son una realidad, no así el centro comercial y el aparcamiento de rotación, que, tal como ha reconocido Goia, «recibe una valoración más bien negativa». Además, implicaría nuevas obras en una zona que ha sufrido la afección de las obras del topo. «Y el arranque del proyecto sería seguir con grandes afecciones en el mismo entorno».

Elkarrekin: «Gana Donostia»

Elkarrekin Donostia ha saludado la paralización de un proyecto que «era innecesario, insostenible y contrario al interés general». «Saludamos esta victoria colectiva como un ejemplo de democracia viva y activa; un premio al activismo ciudadano», ha apuntado tras poner en valor las movilizaciones de la Plataforma Ciudadana San Bartolomé.

Además, ha aseverado que «esta victoria es también gracias a una labor institucional firme y continuada», con la denuncia de «irregularidades urbanísticas, su impacto ambiental y su incoherencia con las políticas climáticas del propio consistorio».

«El anuncio de paralización del centro comercial en San Bartolomé es una excelente noticia para Donostia. Se impone el sentido común, el respeto al entorno y el compromiso con una ciudad más verde y habitable», ha declarado su portavoz, Víctor Lasa.

EH Bildu: «Tendemos la mano para buscal el mejor acuerdo»

EH Bildu también ha hecho una valoración positiva de la paralización. «Ahora habrá que ver exactamente qué supone para Donostia la negociación que se abre de aquí en adelante», ha señalado la coalición en una nota. 

La formación soberanista ha recordado que «el Ayuntamiento se encontró en el 2011 con un riesgo de quiebra de esta operación que había generado desencuentros entre la ciudadanía y la consiguiente afección a las arcas municipales por el aval de 100 millones que la sociedad de San Bartolomé Muinoa SL había firmado con entidades bancarias para llevar a cabo este proyecto».

Así, apuesta por buscar la mejor solución posible. «Estamos ante un proyecto de ciudad y desde EH Bildu tendemos la mano para colaborar y buscar, junto al Gobierno municipal, el mejor acuerdo posible y de consenso en favor de los intereses de Donostia y su ciudadanía».

PP: «Gestión irresponsable»

El portavoz del PP, Borja Corominas, se ha referido también a la importancia de la «presión» ciudadana y ha manifestado su alegría por este cambio de postura que, no obstante, cree que conlleva «riesgos e incertidumbre»para el Consistorio «derivados de una gestión irresponsable del equipo de gobierno».

«No pueden querer expulsar a los coches del centro y construir un parking en el centro. No pueden pretender ayudar a los pequeños comercios y construir un centro comercial en el centro», ha manifestado Corominas, que se ha preguntado «cuánto dinero» se habrían ahorrado los donostiarras si este paso se hubiera dado en 2019.

El edil del PP ha remarcado que esta «gestión irresponsable» se suma «al daño reputacional que están haciendo el PNV y el PSOE a la ciudad, con licencias que se otorgan y se cancelan, inversiones que se paralizan, contratos que no se cumplen y compromisos que se rompen».