La oposición criticó ayer con dureza que el Gobierno de Lakua haya puesto al exdirector del Parque Tecnológico de Miñao Alfonso Arriola, condenado a cuatro años de inhabilitación en marzo de 2023 como «cooperador necesario de un delito de prevaricación» en el ‘caso De Miguel’, al frente de dos comisiones encargadas del reparto de «ayudas para grandes inversiones». Uno es el programa Handitu Egurra 2025, para «la transformación y/o la comercialización de productos forestales». Asciende a 10.700.000 euros. El otro es el programa Handitu Innova 2024 para «la innovación tecnológica en la producción agrícola primaria». Repartirá la cantidad 2.995.000 euros.

Pero estas dos pueden no ser los únicos repartos de ayudas en los que participe Arriola. Su antecesora como Responsable de Programa Empresarial de la Dirección de Política e Industria Alimentaria intervino en numerosos programas de ese tipo.

Cuatro años inhabilitado

Alfonso Arriola fue condenado a principios de 2023 como «cooperador necesario de un delito de prevaricación», que consiste en que un funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de que es injusta. Es decir, el Ejecutivo de Lakua ha puesto a repartir 13,7 millones de euros en ayudas públicas a una persona que hace un par de años fue condenada por corrupción.

Además, la condena supuso la pena de «cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier cargo en sociedades participadas con capital público». Pero desde el Gobierno se alega que Alfonso Arriola es también funcionario de la Administración y que para ese cargo no está inhabilitado.

Lo dijo el lehendakari, ayer, a la entrada del Parlamento cuando le preguntaron por uno de estos nombramientos, destapado por ‘El Diario.es’. Imanol Pradales declaró que Arriola es «un funcionario de carrera que vía concurso público obtiene una plaza». «Obviamente, dentro del plan de estabilización y de las OPE, esto es algo que ocurre y sobre lo que el Gobierno no tiene nada que decir, porque obedece a los procedimientos internos y a los concursos públicos».

Críticas

Al conocerse la noticia y la explicación gubernamental, EH Bildu aseguró que «es incomprensible que una persona con el curriculum de Arriola, condenado por prevaricación, sea puesto al frente de una comisión que tiene que decidir sobre el reparto de ayudas públicas».

«¿Qué puede pensar la gente al ver estas cosas? Pues que los partidos que gobiernan toleran la corrupción cuando los condenados son de los suyos y que incluso van más allá de tolerar, llegando hasta promocionarles y protegerles», manifestó.

La parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas, que denunció ayer el caso desde la tribuna de oradores durante el pleno, pedirá explicaciones sobre el caso por distintas vías institucionales.

EH Bildu y el PP acusaron al PNV de «tolerar la corrupción» y de llevar a cabo «prácticas clientelares».