«Treviño es tan burgalés como el resto de la provincia y en nuestra intención no está desprendernos de ninguna parte de nuestro territorio». Con estas palabras  ha respondido el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, al diputado general de Araba, Ramiro González, que el pasado 2 de abril insistió en «la necesidad de solucionar definitivamente» la integración administrativa de Trebiñu y «finalizar con el anacronismo y la excepcionalidad».

Según explicó González ante el pleno de las Juntas Generales, el 20 de diciembre envió una carta a Suárez, en la que advirtió de que el acuerdo marco entre ambas instituciones para dotar de servicios básicos a los habitantes de Trebiñu y Argantzon debe finalizar en cuatro años. «Esta ha de ser la última prórroga del acuerdo marco y debemos estar ante los últimos convenios», apuntó, remarcando que «la situación actual es tremendamente cómoda para Burgos y para Castilla y León, ya que les sirve para enmascarar el problema».

Pero Suárez, que niega que haya recibido una misiva sobre el fin de los convenios, ha señalado este domingo en declaraciones a la agencia Efe que la integración política de Trebiñu en Araba, reclamada por la mayoría de los vecinos y vecinas del enclave, no es una opción «ni de presente ni de futuro».

«La realidad del enclave no está para ningún ultimátum», ha aseverado el dirigente del PP, que el día 22 de abril tiene una cita en Gasteiz, en la reunión de coordinación y análisis del acuerdo. No ha confirmado su presencia, aunque sí ha apuntado que a la cita acudirán dos «altos representes» de la Diputación de Burgos.

El acuerdo, firmado en 2017 y renovado en 2021, se articula de ocho convenios relacionados con la atención a mayores y discapacitados; políticas de igualdad y juventud; protección civil; infraestructuras de comunicación y transportes; vialidad invernal; conservación, mantenimiento y restauración de elementos menores de equipamiento; otras infraestructuras; y bienes histórico-artísticos protegidos. También incluye un apartado de medio ambiente, para gestión de residuos y aguas; promoción del medio rural; colaboración en la gestión de recaudación municipal; facilitar la contratación centralizada de suministros y servicios; y promoción de actividades culturales y deportivas.

Cuando se firmó se estableció una duración de cuatro años, y se definió su carácter «transitorio en tanto se apruebe una solución definitiva acorneé con el ordenamiento jurídico que resuelva con carácter permanente la situación del enclave de Treviño», lo que se traduce en la anexión administrativa a Araba.