Los próximos 28 y 29 de abril se llevará a cabo en València el congreso del Partido Popular Europeo. A pesar de que desde Génova habían filtrado intenciones de que se trasladara a Madrid por la situación política que vive su filial allí debido a los cuestionamientos contra el president Carlos Mazón, las autoridades del PPE decidieron el mes pasado mantener a la capital valenciana como sede de la cumbre.

Esto es lo que ha motivado que el Congreso de los Diputados tenga una «larga siesta», fuera de lo común, y que reactive sus plenos el próximo martes 6 de mayo. El pleno para retomar la actividad iba a ser la última semana de abril, ya que estaba el tradicional receso por Semana Santa, pero ante el pedido del portavoz del PP, Miguel Tellado, el PSOE ha aceptado la postergación «por cortesía parlamentaria».

La realidad es que existe un pacto no escrito de camaradería entre el PSOE y el PP para permitir que cada cual pueda acudir sin problema a las asambleas de sus respectivas familias políticas de la Unión Europea (las dos más grandes de hecho, la de los conservadores-socialcristianos y la de los socialdemócratas). En Génova saben que nadie puede ausentarse a València: la elección de la tercera metrópoli del Estado español es una especie de premio a la mejora de la performance electoral del partido de Feijóo en las últimas europeas (fue el que más creció, casi duplicando los escaños obtenidos).

La decisión fue tomada en la Junta de Portavoces la semana pasada, y contó con la crítica de Podemos, ERC y EH Bildu, además de Vox por el otro extremo del arco. Pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el portavoz socialista, Patxi López, accedieron al gesto. En tiempos de alta crispación y tono bronco entre los dos grandes del bipartidismo, fue una excepción destacada el agradecimiento de Tellado a Armengol por el gesto, cuentan en los pasillos del palacio legislativo.

La resolución de postergar debe ser validada más adelante por la Mesa del Congreso, que cuenta con nueve legisladores que votan (cinco del PSOE y el grupo Plurinacional Sumar y cuatro del PP), pero habiendo acuerdo entre los dos grandes partidos se descuenta que el 6 de mayo sea el primer pleno y no haya uno antes.

Esa será, además, la primera rendición de cuentas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la cámara desde el mes de marzo, ya que por su viaje a Vietnam y China y luego por Semana Santa y la postergación del pleno por el PPE, no ha respondido por varias semanas las preguntas de la oposición.

Vendaval de leyes

«Se vienen un mayo y junio intensitos», admiten a NAIZ fuentes de la Mesa del Congreso. Otro diputado del PSOE comenta, entre crudo realismo y resignación: «Sí, es gordo lo que se viene, pero no lo decidimos todo nosotros, se ha dado así».

Es que en las semanas que quedarán entre el 6 de mayo y el receso de verano son muchos los proyectos y las proposiciones de ley que los diputados deberán acordar y votar. O al menos, intentarlo. Y seguramente, además, se prorrogue por decisión de la Mesa (previo pedido de Moncloa) el periodo de sesiones en julio, como suele pasar últimamente.

Quizás el proyecto que más exhibirá cómo se agudizan las contradicciones al interior del bloque de investidura es el de la reducción de la jornada laboral. Aquí, como en casi todos los casos, sobrevuela la dificultad para que el partido que lidera Carles Puigdemont dé su voto positivo. Junts representa en esta legislatura el recordatorio permanente de que la mayoría que sostiene a Sánchez no es de izquierdas sino transversal y plurinacional.

En el de reducción de jornada se yuxtapone otro elemento clave: ese proyecto representa la bandera principal de la coalición Sumar. No solo porque fue la iniciativa más innovadora en su campaña electoral sino porque la ministra de Trabajo ha decidido que sea el terreno en el que sí acepta subir el tono y plantar cara al PSOE. En Sumar hacen el cálculo y creen que para fines de mayo se podrá votar en el hemiciclo. Aunque Junts ya ha advertido que por ahora lo rechazan.

Otro test pero en el flanco izquierdo será la proposición de delegación de facultades en materia migratoria para Catalunya, registrada por PSOE y Junts y denostada por la derecha españolista, que acusa a Sánchez de poner en riesgo las fronteras. Aquí es Podemos la fuerza que pone en jaque al Ejecutivo porque desde el primer momento dijo que la única vía para evitar un ‘no’ rotundo de los cuatro diputados morados sería que los posconvergents aprobaran la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización de migrantes, la cual está en trámite parlamentario vigente pero aún en periodo de enmiendas (sin fecha prevista por la Mesa del Congreso).

También con eje en el debate territorial e impulsado por Catalunya, esta vez por Esquerra Republicana, está en la lista de espera la condonación y reestructuración de la deuda de todas las comunidades autónomas con el Estado. El grupo que conduce Gabriel Rufián lo pidió para su región pero Sánchez lo lleva a todas las comunidades para que su partido no salte por los aires y también para agudizar las contradicciones dentro del Partido Popular.

Igualmente desde el bloque de investidura, especialmente Sumar, Podemos y las izquierdas soberanistas, esperan que antes del verano finalmente logre ver la luz la reforma a la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza, aprobada por el PP de Rajoy, tras el fallido intento sobre el final de la legislatura pasada.

También la temperatura va a subir en el Congreso aunque no sea por votaciones: el aumento del gasto en defensa y seguridad y la recientemente aprobada comisión de investigación de la gestión de la emergencia de la DANA en València serán dos constantes polos de atracción y discusión bronca. De hecho, la constitución de esta comisión que pondrá foco en la labor de la Generalitat valenciana se espera que comience a recibir comparecientes a partir de la primera semana de mayo.

La temperatura va a subir también por el aumento del gasto de defensa y la comisión de investigación sobre la DANA

Y como telón de fondo, los presupuestos generales del Estado: Sánchez no desea una nueva prórroga en 2025 y la extrema paciencia con Junts se debe a ese objetivo final. Si los resultados acompañan, y Puigdemont mantiene el talante actual, es posible que pueda haber PGE.

Aquí la negociación es algo más sencilla, porque si bien es considerada la ley de leyes, constitucionalmente se trata de una ley ordinaria, no orgánica. Por lo tanto, si Junts vota a favor se puede prescindir de Podemos y Coalición Canaria. O con el ‘sí’ de estos dos últimos se puede pedir una abstención de Junts.

Sea como sea, no habrá tiempo para aburrirse.