Oficialmente han sido «razones personales» las que han provocado esta semana un relevo importante en el organigrama del Gobierno Pradales: la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia pasa de manos de Alfredo Retortillo a Arritxu Marañón. Ambos son políticos de larga trayectoria en el PSE pero con perfiles personales diferentes. El cambio abre perspectivas de volver a recentrar la posición del Departamento sobre todo en la cuestión de la memoria, que se ha escorado notablemente con la llegada de María Jesús San José a la Consejería.

De hecho, el último acto público de Retortillo ha sido la jornada ‘30 años de Socialización del Sufrimiento’, impulsada por la consejera y en la que víctimas de ETA –solo de ETA– intervinieron ante unos 400 jóvenes en el BEC de Barakaldo. Este acto recuperó el discurso oficial imperante en los 90 y la primera década de este siglo que atribuía a la Ponencia Oldartzen de HB la llamada (por la Guardia Civil y algunos medios) «socialización del sufrimiento». El historiador Iñaki Egaña explicaba el pasado sábado en estas páginas que «nada de aquello de ‘socialización del sufrimiento» aparecía en Oldartzen, en todo caso justo lo contrario». Y tildaba la tesis oficial de «fábula».

La consejera presentó el evento del BEC como un fomento del «pensamiento crítico» entre los jóvenes. Sin embargo, la dinámica se basa precisamente en un falseamiento del concepto, además de en el paralelo «olvido» de la violencia estatal.

Garaialde, reconocimiento, La Cumbre...

No es el único elemento de vuelta a coordenadas anteriores que se observa desde el cambio en la titularidad de la Consejería. Hay que recordar que Justicia pasó del PNV al PSE con la llegada de Imanol Pradales, sin explicación oficial y para sorpresa del equipo anterior que lideraba Nerea Melgosa.

El primer capítulo inquietante fue la exclusión de las víctimas del Estado en el Consejo de Dirección de Gogora, al dejarse fuera a Pilar Garaialde (Egiari Zor).

También se han producido recortes en la estructura técnica del proceso de reconocimiento de víctimas del Estado, concretamente en el Instituto Vasco de Criminología. Y en paralelo, un intento de modificar la composición de la Comisión de Valoración de estos casos, que no se ha acabado de materializar.

Otra de las batallas soterradas se libra en torno a la configuración del Palacio de La Cumbre como Lugar de Memoria. Se advierten maniobras desde el Departamento para tratar de desvirtuar, o al menos diluir, su objetivo inicial de denuncia del terrorismo de Estado.

El nuevo director de Gogora en este tránsito, Alberto Alonso, comenzó su mandato reiterando el «compromiso con una memoria inclusiva y colaborativa» pero los hechos posteriores siembran dudas al respecto. Un hito en esta línea lo había marcado la presentación de bases compartidas para la memoria, elaboradas por un grupo de historiadores y víctimas de ambos lados (Maria Jauregi, Axun Lasa, Josu Elespe...) en 2022. Concluyeron entre otras cosas que «toda violación de derechos humanos ha sido, es y será injusta; ni los conflictos políticos ni la razón de Estado justifican, en ningún caso, el uso de la violencia».

Algunas voces están alertando de estos retrocesos. En la reciente comparecencia del nuevo director de Gogora en el Parlamento de Gasteiz, EH Bildu afeó a través de Eraitz Saez de Egilaz que «se siga haciendo lecturas parciales y a veces interesadas del pasado. El relato nunca será único, sino que todas las víctimas y todos los relatos deben tener cabida en esa memoria plural y colectiva que debería construirse desde las instituciones. Hace falta un relato polifónico que tenga en cuenta todas las voces».

En entrevista a NAIZ hace unas semanas, el coordinador de Giza Eskubideen Behatokia y antes del Foro Social Permanente, Agus Hernán, apuntaba que «en Navarra vemos un marco de trabajo, de confianza, de consensos, pero en la CAV se están dando pasos atrás». A las situaciones antes citadas sumaba el desfile de la Guardia Civil en Gasteiz el pasado 12 de octubre.

La nueva viceconsejera

¿Puede introducir cambios este relevo en la Viceconsejería? No es seguro, pero a lo largo de su trayectoria Marañón se ha mostrado más sensible que el dimitido en cuestiones relativas a los presos o las víctimas de violencia estatal. Arritxu Marañón representa de algún modo a la sensibilidad guipuzcoana dentro del PSE, más abierta en estos temas.

En los últimos tiempos la nueva «número dos» del Departamento ha formado parte de la iniciativa Gernika-Palestina en representación de su partido y se muestra en redes especialmente activa en la denuncia del genocidio.

Retortillo ha mantenido un perfil muy bajo en estos diez meses. En el acto del BEC sobre la Ponencia Oldartzen estuvo presente pero no tomó la palabra. La batuta en estas cuestiones la están llevando tanto la propia consejera como el director de Gogora.