
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido una pena de dos años de prisión para Verónica R.Y., una mujer detenida en Gasteiz en 2023 acusada de apoyar al Daesh, difundir material propagandístico de la organización yihadista y planear convertir a sus cuatro hijos en muyahidines. No obstante, el fiscal del caso, Joaquín González, ha advertido al tribunal que, en discrepancia con sus superiores, considera más ajustado imponerle una pena de un año de cárcel.
Así lo ha indicado en el turno de informes, cuando ha señalado que, si bien su superior en la carrera fiscal consideraba adecuada la pena de dos años con uno más de libertad vigilada, por primera vez se acogía al artículo 25 del Estatuto del Ministerio Público para indicar que a título personal veía razonable dejar la pena en un año de prisión y tres de inhabilitación absoluta para cargo público.
Tampoco ha considerado adecuado fijar un año de libertad vigilada porque no está justificada de manera específica la existencia de un estado de peligrosidad.
Tras esta exposición, la defensa de la acusada ha hecho suyas las alegaciones realizadas a título personal por el fiscal.
El escrito del Ministerio Público
Cabe recordar que en su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía pedía que fuera condenada a cinco años de prisión y nueve de inhabilitación absoluta por un delito de «autoadoctrinamiento y autocapacitación con fines terroristas».
El Ministerio Público detallaba en el mismo que la acusada «vivía con sus cuatro hijos en el domicilio familiar y mostró su intención decidida de desplazarse a territorio bajo el control» de DAESH.
«Se ha acreditado una planificación en cuanto a las personas a las que se uniría y facilitarían su desplazamiento, exteriorizada en las búsquedas de vuelos e itinerarios. La finalidad última sería realizar el viaje junto a sus hijos para que lleguen a ser muyahidines», sostenía la Fiscalía.
Según el Ministerio Fiscal, la «acusada no es una mera usuaria de material yihadista, sino que también llevaba a cabo actos de difusión de este tipo de archivos audiovisuales, contribuyendo de esta forma a los fines de la organización terrorista DAESH».
El fiscal, sin embargo, ha apuntado que no se había podido «identificar a terceras personas que se hayan adoctrinado en los postulados terroristas como consecuencia directa» de su actuación, descartando de igual forma que llegase a adoctrinar a sus hijos.
De hecho, durante la vista, la acusada ha reconocido los hechos que se le imputaban, si bien ha matizado que nunca adiestró a sus hijos.

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