Algunos de los médicos que trataron a Maradona tras su intervención del 3 de noviembre de 2020 intentaron eludir su responsabilidad por decidir que el tratamiento postoperatorio se realizase de manera domiciliaria variando el historial clínico del exfutbolista argentino.

Así lo revela una grabación que se ha hecho pública durante el juicio por su muerte, en la que la psiquiatra de Maradona, Agustina Cosachov, envía un audio el 10 de noviembre al médico de cabecera del Pelusa, Leopoldo Luque, en el que la primera menciona una recomendación de otra psiquiatra, Ana Marcela Waisman, de eliminar de la historia clínica del exfutbolista la participación de ambos en la decisión de la internación domiciliaria.

«Esta psiquiatra me tiró algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podes escribir vos porque ponen mucho 'médico de cabecera, médico de cabecera' como para quedar vos protegido legalmente», comienza la grabación, en la que se escucha además a Cosachov advertir a Luque que la historia médica de la Clínica Olivos indicaba que la decisión de la internación domiciliaria había sido tomada en conjunto entre los médicos y la familia.

«Entonces, ella me sugirió, y la verdad que yo respeto mucho en esto la postura de ella, que legalmente nos convenía a nosotros, que en realidad es verdad, hacer una ultima evaluación diciendo que la familia, digamos, frente a las distintas opciones terapéuticas, es quien, comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria, porque legalmente nosotros así estamos más cubiertos», agrega Cosachov en dicho audio.

Como se ha mencionado, Maradona fue operado en la Clínica Olivos el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural en la cabeza y permaneció ingresado hasta el día 11, momento en el que fue trasladado a una vivienda en Tigre para continuar allí con su tratamiento. La cuestión de quién optó por que se recuperara en un domicilio en lugar de en una clínica es una de las claves del juicio por su fallecimiento.

«Condenarlo a muerte»

Dadas las patologías preexistentes del astro argentino, la querella afirma que la internación domicilia por la que finalmente se optó fue «una forma de condenarlo a muerte». Dos de sus hijas, así como su expareja Verónica Ojeda, declararon en las últimas semanas que Luque fue muy claro en su recomendación de que el exfutbolista se recuperara en una vivienda y descartó de plano la opción de internarlo –voluntariamente o por la fuerza– en una clínica.

«Discutimos las tres opciones, no nos parecía tan mal porque nos prometieron lo mismo (en la internación domiciliaria) que en la Clínica Olivos, y nunca pasó. Nos engañaron de la manera más cruel», dijo el pasado martes Dalma Maradona, una de las hijas del ídolo, que aseguró que las condiciones de la vivienda en la que fue internado su padre no se ajustaban a lo que les habían prometido.

A este respecto y sobre el tratamiento médico que recibió allí Maradona declararon también dos trabajadores de Swiss Medical, que desligaron a dicha empresa médica de cualquier negligencia en la atención al exfutbolista.

A diferencia de lo declarado hasta ahora por los familiares de Maradona, otros testigos han indicado que se llevó a cabo una reunión entre familiares, médicos de la clínica, de Swiss Medical, Luque y Cosachov, en la que se plantearon dos alternativas: continuar con el tratamiento en una clínica de rehabilitación o hacerlo en una casa bajo la modalidad de internación domiciliaria.

Además de estos dos últimos médicos citados, son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. La enfermera Gisela Madrid también está procesada, pero en su caso será juzgada por un tribunal con jurado.

En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.