El plan del Ministerio del Interior da pie a inflar el censo con unas 20.000 personas por año
La media de personas que han salido de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa hacia comunidades del Estado español en la última década es de 20.000 al año, que según los planes que maneja el Gobierno español podrían acogerse al derecho de votar en su último domicilio de Euskal Herria
18.069 personas se fueron a vivir desde Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa a comunidades del Estado español en 2010, último año del que hay referencias en el Instituto Nacional de Estadística. Entre los años 1998 y 2010 -serie histórica para la que hay datos- se domiciliaron fuera de Euskal Herria 253.484 personas que habían estado censadas aquí. Esto da una media de unas 20.000 personas al año.
Si se aprueba la reforma legal propuesta por la ponencia encargada por el ministro de Interior, la alteración del censo electoral podría adquirir un volumen gigantesco, influyendo de manera determinante en los resultados.
El texto elaborado por el profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y letrado de las Cortes Generales, Fabio Pasqua, no determina ni una fecha de inicio ni una de final para saber quiénes se podrían acoger a la reforma y pedir votar en Euskal Herria.
Pero echando la mirada atrás se puede observar que si a lo largo de la última década la marcha ha sido de unas 20.000 personas al año, en los años 80, con las reconversiones y la desindustrialización, el éxodo fue todavía mayor.
Por lo tanto, estamos hablando ya de más de 400.000 potenciales votantes en un territorio cuyo censo electoral actual es de 2.192.542 personas.
Con la fórmula de abrir la pasibilidad de voto a todas las personas que han vivido en Euskal Herria durante cierto tiempo -el periodo todavía no está fijado- se va mucho más lejos de la idea inicial de buscar algún tipo de reparación para quienes habían tenido que marcharse por la amenaza o la presión de ETA.
Aunque los veinte expertos convocados por el Gobierno español felicitaron al ponente Fabio Pasqua por su informe, tampoco a ellos se les ocultan las dificultades jurídicas y políticas que presenta semejante alteración del censo electoral. La ponencia encargada del estudio se volverá a reunir en unas dos semanas para seguir con los debates, que se prevén arduos.