Once años de prisión para José María Bravo por el fraude de la Hacienda de Irun
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a once años de prisión al exdirector de la Hacienda de Irun, José María Bravo, mientras que a su esposa, Rosa Cobos, le ha impuesto tres años y cuatro meses. La Fiscalía había pedido 24 años para Bravo y la acusación particular, 27 años.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a once años de prisión y a diferentes penas de inhabilitación y multas al exdirector de la Hacienda de Irun, José María Bravo. El tribunal le considera responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, así como de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, por los que le impone penas que suman once años de cárcel, 16 años de inhabilitación absoluta para ejercer cualquier cargo o empleo público, y nueve años más de inhabilitación especial para cualquier trabajo público con significación tributaria.
Asimismo, le condena a abonar dos millones de euros como multa por el delito de blanqueo y otros 3.600 euros por el delito de alzamiento de bienes, y ordena el decomiso de diferentes posesiones suyas hasta un valor máximo de 1.661.157,53 euros.
La sentencia le absuelve del delito de estafa que se le imputaba, al entender que queda recogida en el delito de malversación, y del de usurpación pública, porque no considera probado que recibió dinero de un contribuyente ocultándole que había dejado de ser jefe del servicio de recaudación de Irun.
Tres años y cuatro meses para Cobos
En cuanto a su esposa, Rosa Cobos, ha sido castigada con tres años y cuatro meses de cárcel como responsable de un delito de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, y le han impuesto una multa de dos millones de euros por el primero de estos delitos y otra de 2.520 por el segundo.
Al igual que en el caso de su exesposo, el tribunal ordena el decomiso de sus bienes hasta un valor máximo de 1.661.157,53 euros.
En el juicio que se celebró entre el 16 de abril y el 23 de mayo, el fiscal solicitó una pena de 24 años y tres meses de cárcel para José María Bravo por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa cometida por funcionario, prevaricación, usurpación de funciones públicas, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, así como una multa de 1,9 millones de euros más intereses.
La acusación particular ejercida por la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa había pedido 27 años de prisión para Bravo y siete años y tres meses para su esposa.
En la sentencia se ratifica la absolución del tercer imputado, el socio de Bravo, Pedro María Atristain, del delito de blanqueo de capitales.