Detenciones y encarcelamientos preventivos, a la orden del día
Las noches en comisaría y los encarcelamientos preventivos no son, por desgracia, nada nuevo en Euskal Herria. La novedad, sin embargo, radica en que la actual escalada represiva se expande a otros puntos del Estado español, hasta ahora sobre todo a Catalunya, donde seis activistas han pasado varias semanas en la cárcel por participar en la huelga general del 29 de marzo.
23 días en prisión por quemar un cartón delante de la Bolsa de Barcelona, en el transcurso de una performance, durante la huelga general del pasado 29 de marzo. Es el caso de Laura Gómez, secretaria de organización de CGT en Barcelona; uno de los ejemplos de que la ofensiva contra la protesta social va más allá de la represion puntual de una movilización.
Durante la «primavera valenciana» ya fueron una decena larga los detenidos durante las protestas estudiantiles. Pero la campaña de detenciones, criminalización y procesos judiciales ha adquirido todo su explendor en Catalunya, como reacción a los sobredimensionados incidentes de la huelga general del 29 de marzo.
Con las últimas detenciones del pasado 18 de julio en Sabadell –tres meses y medio después de los incidentes–, el total de detenciones en Catalunya alcanzó la espectactular cifra de 113 personas, sin que nadie ponga la mano en el fuego a la hora de anunciar el cierre de la operación.
Pero además, la actuación policial ha contado con la complacencia del poder judicial, que en demasiadas ocasiones ha seguido al pie de la letra el guión establecido por Interior. Así ocurrió con las seis encarcelaciones preventivas que han tenido lugar durante estos cuatro meses. El mismo 29 de marzo, los Mossos detuvieron a Javi, Isma y Dani, para quienes el juzgado de guardia decretó prisión provisional, siguiendo al pie de la letra la versión de Interior. La jueza explicó su decisión argumentando que así no podrían participar en los disturbios previstos para el 1 de mayo y la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, durante los días 2 y 3 de mayo. No hubo ni un solo incidente aquella semana, convirtiendo en inútil el desmesurado despliegue policial, que llevó a la calle a más de 8.000 mossos, policías españoles y guardias civiles. 37 días más tarde, pasados los «peligros» de la primera semana de mayo, la jueza decretó la prisión provisional de los tres encarcelados con fianzas desde 3.000 a 6.000 euros. El mismo día, la Audiencia Provincial aceptó el recurso presentado por la defensa y decretó la libertad inmediata de los tres huelguistas, aprovechando para formular una dura reprimenda contra la actuación de los juzgados.
Lo mismo pasó con Laura Gómez, Ruben y Andreu, que tras varias semanas en prisión preventiva, quedaron en libertad provisional, desacreditando de nuevo la decisión inicial de enviarlos a la cárcel. Una vez más, cabe destacar que la condena anticipada que supone la prisión provisional, a la que tan acostumbrados estamos en Euskal Herria, supone toda una novedad en el resto del Estado. Las cosas están cambiando y la represión también busca nuevos mercados.
La escalada represiva no parece que vaya a acabarse aquí. El pasado 11 de julio, 18 personas fueron detenidas en Madrid como consecuencia de los incidentes derivados de la marcha negra de los mineros. Una semana más tarde, un juzgado de Oviedo condenó a dos mineros a 9 meses de cárcel por prender fuego a una barricada.