Los criterios políticos sacaron a GARA y Onda Vasca de la cancha

Se adivinaba el fin de la legislatura cuando el Consejo de Gobierno de Lakua, en su reunión del dia 28 de febrero de 2012, aprobó las bases que regían el concurso publico para el otorgamiento de 34 licencias para emitir en FM. Entonces, fue mayoritaria la opinión de que este reparto, a veintiseis años del anterior, estaba ideado para perpetuar el monopolio de los grupos empresariales radicados en Madrid.

Mientras la consejera de Cultura, Blanca Urgell, afirmaba que con el nuevo reparto de licencias se pretendía «generar un nuevo espacio audiovisual en euskara y garantizar la presencia de medios de comunicación privados en las dos lenguas oficiales en todas las comarcas de la CAV», Ramón Zallo, profesor de la UPV y doctor en Ciencias de la Comunicación opinaba que el decreto era «cobarde y timorato» y obviaba la realidad sociolingüística de la CAV.

La adjudicación provisional y que, por razones desconocidas, nunca se convirtió en definitiva, confirmó los presagios y, una vez más, quedaron fuera de juego proyectos que, como GARA, gozan de fuerte arraigo.

Aunque era evidente que las adjudicaciones no iban a invertir la situación actual, se confiaba, al menos, en que paliara este estado de cosas contrario a la pluralidad.

En desventaja

Las bases fijaban, por ejemplo, que la «Propuesta económica», con 50 puntos, supusiera el 25% del total de puntos. Añadiendo otros 50 de «Propuesta tecnológica» y 20 de «Adecuación e innovación técnica», ya quedaban deglosadas las ventajas técnicas y financieras con las que partían los medios establecidos en el concurso.

A la vista de los expedientes elaborados por la mesa de valoración, podemos decir que lo peor estaba por llegar: graves irregularidades de carácter técnico y político alteraron el resultado de la adjudicación: GARA y Onda Vasca hubieran debido recibir dos licencias más cada grupo para emitir en Gasteiz y en Bilbo-Getxo.

Irregularidades

El proceso de adjudicación es complejo. En primer lugar, cada proyecto debía elegir la frecuencia deseada. Debemos tener en cuenta que las más bajas -el 88.0, por ejemplo- son de mejores condiciones que las de dígitos más altos -pongamos un 105.0-.

Para asegurarse alguna licencia, los grupos debían presentarse a todas las licencias, a las 34, o, al menos, a todas las de una ciudad. El problema radicaba en depositar una fianza obligatoria por cada petición (oscilaban, dependiendo de la potencia, entre los 6.500 y 8.000 euros), algo solo al alcance de los grandes.

La primera irregularidad está relacionada con la contratación de una empresa externa, la barcelonesa Aggaro, para valorar los apartados técnico, económico y pluralidad, mientras que los técnicos de Lakua se ocuparían de la programación, el empleo y la utilización del euskara. El presidente de la mesa, Igor Marin, envió a Aggaros la valoración de la mesa de modo que esta pudo adecuar su parte del baremo para que las licencias recayeran en quienes ellos quisieran. Este asunto es de difícil probatura, pero que la entrega de información es ilegal -como denunciaron los técnicos Miriam Etxabe e Iker García de Eulate- no ofrece duda.

De hecho, en el rubro de pluralidad, ese que debía asegurar la presencia de proyectos comunicativos nuevos, hubo empresas que recibieron 20 puntos (el máximo) de forma injusta al tener ya emisoras en funcionamiento, caso de El Correo-Punto Radio. Serían siete las licencias adjudicadas de modo erróneo. este punto tiene, a nuestro juicio, motivaciones políticas evidentes y resultados obvios.

Otra de puntuación. La mesa de valoración quitó a Onda Vasca 1,37 puntos en todos los proyectos, cambiando la valoración otorgada por los técnicos. La decisión hubiese sido legal en caso de haberse argumentado, pero no se hizo.

Aplicando las correcciones debidas en torno a estas dos irregularidades, el panorama hubiese variado del modo que se puede apreciar en la tabla adjunta. Onda Vasca y GARA, por ejemplo, tendrían, cada una, dos licencias más, para emitir en Gasteiz y Getxo-Bilbo.

Otra irregularidad concierne a las dos licencias (Bilbo y Gasteiz) que se concedieron a Radio Estudio. Las bases dicen que para lograr licencia hay que tener, como mínimo, la mitad de la puntuación en los apartados de «Propuesta económica» y «Propuesta tecnológica» y Radio Estudio no consiguió «aprobar» el apartado económico.

Además, Iker García de Eulate denunció la desaparición de información de su escritorio. La mesa de valoración pasó por alto el tema ya que consideraron que la información desaparecida era irrelevante en el proceso de adjudicación.

Así las cosas, hay dos opciones para solucionar este entuerto y repartir esas 34 licencias conforme a ley: convocar un nuevo proceso o retomar el anterior en el punto donde se vició el proceso, esto es, antes de la contratación de la empresa Aggaros.

La primera opción supondría que la solución se dilatase indefinidamente en el tiempo y que todo el esfuerzo y el dinero invertidos en la elaboración de las propuestas y demás informes (todos de muy costosa y complicada elaboración y, por ello, requirieron la participación de consultorías profesionales) fuera inservible, fuera a la basura.

La existencia de irregularidades no debería anular todo el proceso: desde GARA se apuesta por aprovechar la parte no contaminada del concurso.