Lokarri considera que la «desobediencia pacífica» es una «aportación positiva»
Lokarri advierte de que los jóvenes de Donostia no serán los últimos en ser juzgados por su actividad política y urge a las autoridades a adoptar «decisiones y medidas concretas para que nadie más sea procesado o condenado por ejercer la libertad democrática fundamental de actuar y participar en la vida política».
Lokarri ha valorado de forma positiva la resistencia ciudadana ejercida esta mañana y en los últimos días en Aske Gunea. Considera que la actitud demostrada estos días por la ciudadanía, de desobediencia pacífica, es «plenamente legítima, democrática y respetuosa con los derechos humanos».
Señala en un comunicado que esta manera de expresar el rechazo a la detención de las personas condenadas es una «aportación positiva a la convivencia: sin violencia y con respeto» y anima a seguir «explorando» las posibilidadse que ofrece la «acción noviolenta» como «respuesta a vulneraciones de derechos».
En la nota añade que una de las bases fundamentales para la construcción de la convivencia es «garantziar la libertad y la seguridad de todas las personas para participar en la vida política». Recuerda que «durante muchos años hemos visto cómo este derecho ha sido vulnerado por medio de la violencia y la exclusión».
La red ciudadana por el acuerdo y la consulta denuncia que los ocho jóvenes donostiarras han sido condenados «única y exclusivamente por su partenencia y actividad en una organización política. No lo han sido por emplear medios violentos para conseguir sus objetivos políticos. Por tanto –añade–, esta condena es una vulneración de derechos fundamentales».
Lokarri ha llamado a «garantizar el pluralismo y la libertad de acción y de pensamiento» y aboga por «terminar con este tipo de vulneraciones de derechos humanos». «Son un obstáculo a la convivencia y a la normalización», señala.
Asimismo, advierte de que los jóvenes donostiarras no serán los únicos en ser juzgados y encarcelados por su actividad política por lo que exige al Gobierno español y a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento de Gasteiz a tomar medidas «concretas para que nadie sea más procesado o condenado por ejercer la libertad democrática fundamental de actuar y participar en la vida política».