Kontuz alerta a la juez de un voluminoso crédito de CAN a ‘‘Diario de Navarra’’ sin investigar
La asociación Kontuz advierte de que existe un crédito por valor de 16,25 millones de euros en favor del grupo editor de ‘‘Diario de Navarra’’ que no pasó por ninguno de los controles que marcan tanto los reglamentos internos de la entidad como las leyes de cajas.
Las acusaciones y el fiscal presentaron ayer sus alegaciones ante la decisión de la juez María Paz Benito de enviar la causa del «caso CAN» ante el Tribunal Supremo para que impute a Yolanda Barcina. La Fiscalía se opone porque no ve delito, mientras que UPyD y Kontuz ruegan a la juez que espere un poco más. La asociación, en su escrito, le advierte de que existe un crédito por valor de 16,25 millones de euros en favor del grupo editor de ‘‘Diario de Navarra’’ que no pasó por ninguno de los controles que marcan tanto los reglamentos internos de la entidad como las leyes de cajas.
La juez había solicitado que se remitieran todas las operaciones de «crédito, aval o garantía» que Caja Navarra había suscrito en los últimos años con consejeros de la entidad, familiares o empresas con las que tengan vinculación. La información sobre esos créditos fue remitida por Caixabank, pero no se envió a las partes por confidencialidad, sino que se mandó directamente al Banco de España para que un perito analizara si las condiciones resultaban particularmente ventajosas. Actualmente la causa está a la espera de que llegue dicho informe. Sin embargo, Kontuz tiene sospechas fundadas de que el crédito al Grupo La Información (la editora de ‘‘Diario de Navarra’’) no ha sido incluido con los demás.
En 2008, el momento en el que la caja concedió ese crédito, había dos consejeros de CAN estrechamente vinculados al grupo. Uno de ellos es el ex número dos del Ministerio de Interior Ricardo Martí Fluxá, miembro de la Ejecutiva de la caja y consejero de La Información. El segundo, el propio Luis Colina Lorda, director general de ‘‘Diario de Navarra’’, apoderado del grupo La Información y administrador de varias de sus empresas filiales.
Kontuz sostiene que la concesión de ese crédito hubiera requerido el visto bueno de la Comisión de Control y que en las actas que han sido remitidas a las partes no figura, lo que supone que se saltaron los controles internos. Kontuz prueba la existencia de ese crédito en base a un artículo de GARA del 5 de mayo del pasado año. Con ese dinero, La Información compró acciones de Vocento llegando a perder el 90% de lo invertido.
Además, recuerda que existe una Orden Foral (la 642/1992) que exigía que ese crédito fuera aprobado por el Departamento de Economía de Nafarroa. Y, en último término, ha comprobado que no se informó de esta operación al organismo controlador estatal, la CNMV, en el Informe de Gobierno Corporativo que cada año todas las cajas tienen que enviar para que las operaciones vinculadas tengan un mayor control y no se produzcan tratos de favor. En el apartado D2 del informe que envió la caja en 2008, se les requería lo siguiente: «Detalle las operaciones significativas realizadas por la Entidad con miembros de la Comisión de Control». La CAN aseguró entonces que no se había producido ninguna. Kontuz señala que «dado que Colina es el responsable máximo de la gestión económica de La Información, es imposible que sea ajeno a dicho crédito».
Kontuz ha decidido no pedir nuevas diligencias, pero ruega al menos que se espere a que todas las solicitadas den resultado y reclama respuesta sobre un eventual trato de favor a La Información, en ese crédito para una inversión ruinosa.
En segundo lugar, también ha requerido que se espere a conocer el resultado de la pericial de la Guardia Civil encaminada a poder datar con fidelidad la fecha en la que se redactaron las actas de la Permanente.
De otra parte, UPyD considera que existen más pruebas que se pueden seguir recabando en Iruñea antes de elevar la causa al Supremo. Ha propuesto dos testimonios más y que se requieran «las agendas» del Banco de España de 2010 y 2011, así como una pericial destinada a ver si existen contratos u otras relaciones económicas entre familiares de consejeros y CAN.
Por parte de las defensas no ha trascendido ningún movimiento. Probablemente estén esperando a que la juez finalmente redacte la exposición motivada para enviar a Barcina al Supremo antes de plantear sus recursos. Asimismo, la Fiscalía mantiene que no ha existido el delito de cohecho impropio y, en consecuencia, se opone a remitir la causa a Madrid.
Más allá de un cohecho pasivo
En las alegaciones de Kontuz se da también un papel protagonista a Martí Fluxá. La asociación sin ánimo de lucro recuerda que el exsecretario de Estado para la Seguridad entró en el Consejo de Administración de CAN en 2004 a propuesta de Goñi y Sanz y acabó siendo una de las siete personas con más peso, como miembro del Comité Ejecutivo (que es donde se aprobaban las operaciones con otros consejeros). Más tarde se le nombró presidente de la Comisión de Retribuciones, que fue donde se redactó el acta que, según Enrique Goñi, dio pie a los pagos de la Permanente.
Asimismo, fue Martí Fluxá quien, a propuesta de Sanz, se encargó de preparar una subida de sueldo a Goñi como director gerente en 2005, hasta los 850.000 euros anuales, así como la implantación de unos blindajes y seguros que le permitirían cobrar otro millón.
Mientras todo ello se producía, la caja invirtió en dos empresas vinculadas a Martí Fluxá en las que, a la postre, acabaron perdiéndose millones de euros, como son Marco Polo e Ikusi.
Finalmente, la asociación recuerda que Martí Fluxá preside el grupo MGO, donde Sanz ahora es miembro del consejo asesor, y cita también que Goñi ha buscado recientemente acomodo a Martí Fluxá y Sanz en Bodegas Sarría. Para Kontuz, también podría constituir cohecho vinculado a la no inspección.