Los presos en huelga de hambre en Sevilla II ya han perdido en torno a doce kilos cada uno
Familiares y allegados de los presos vascos encarcelados en Sevilla II han comparecido este mediodía en Donostia para demandar una solución ante las duras condiciones de vida en esta cárcel, que ha llevado a los prisioneros a emprender una huelga de hambre que suma ya 23 días.
La protesta comenzó el 28 de octubre, y cuando ya han transcurrido más de tres semanas, son ocho los presos que siguen sin ingerir alimentos: Iker Agirre, Gurutz Agirresarobe, Koldo Aparicio, Asier Arzalluz, Juan Mari Etxebarri, Jesús Goikoetxea, Juan Lorenzo Lasa y Roberto Lebrero. Fuentes cercanas a ellos cifran en 12-13 kilos el promedio de peso que ha perdido cada uno.
Según han informado hora y media después de celebrarse la comparecencia, Garikoitz Etxeberria ha tenido que dejar la huelga por motivos de salud, igual que ya había hecho Urtzi Paul y Manu González. Los tres continuarán con otro tipo de protestas –chapeos– junto a Javi Agirre e Iñaki Arakama, que por distintas razones no pudieron empezar el ayuno.
En la rueda de prensa, convocada por Etxerat, han destacado las numerosas iniciativas solidarias tanto en otras cárceles (ayunos en Nanterre, Osny o Cáceres) como en diferentes localidades de Euskal Herria.
Los familiares han recordado que la huelga de hambre es «una medida extrema» adoptada tras cuatro años de «tensionamento» por parte de la dirección de la cárcel, que impone un aislamiento continuo de los presos vascos, restringe sus actividades, ordena que sena sometidos a cacheos por todo el cuerpo. A ello se suma la agresión sufrida el pasado marzo por Arkaitz Bellón por parte de algunos funcionarios. La estrategia de tensionamiento se hace extensible a las visitas, con cacheos incluso cuando va a haber un cristal de por medio.
Por ello, Etxerat reclama que se respeten los derechos básicos de los presos y, más allá, subraya que para acabar con este tipo de situaciones hay que terminar con la dispersión, que que es «un marco que facilita las agresiones, el aislamiento y otras vulneraciones de derechos que afectan tanto a las personas encarceladas como a nosotros mismos, sus familiares y allegados».