La Ley de Seguridad Ciudadana prevé elevadas multas por «ofender a España» y sus símbolos
El Consejo de Ministros español ha aprobado el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, cuyo contenido ha provocado una gran polémica a pesar de que el Ministerio de Interior haya tratado de suavizarlo. Prevé multas de hasta 30.000 euros para las «ofensas a España», las comunidades autonómicas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito.
Tras dos semanas de duras críticas de la oposición y numerosos sectores sociales, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha modificado algunos de los aspectos más polémicos que figuraban en el borrador legislativo elaborado por Interior, que ha contado con el visto bueno del Consejo de Ministros.
De esta forma, desaparece como infracción muy grave y para a ser considerada grave, con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado aunque no estén reunidas y siempre que se «perturbe la seguridad ciudadana».
La nueva ley prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las «ofensas a España, las comunidades autonómicas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito.
«Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave», ha puesto como ejemplo el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.
También baja de grave a leve las faltas consistentes en «amenazar, coaccionar, injuriar o vejar» a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que serán sancionados con entre 100 y 1.000 euros.
«Garantizar derechos y libertades»
La vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la nueva norma será «un instrumento para garantizar el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica».
«Con ello ganan espacio las libertades públicas que están mejor reguladas y mejor protegidas», ha añadido.
En la misma línea, Fernández ha defendido que la nueva ley «garantiza plenamente» el derecho de manifestación de los ciudadanos y ha dicho que el único requisito para hacerlo será comunicarlo a las autoridades competentes.
Infracciones graves, las más numerosas
Según el anteproyecto, las 21 infracciones muy graves que inicialmente establecieron quedarán en menos de diez, mientras que las infracciones graves serán las más numerosas, una treintena, y las leves, que sumarán casi veinte.
De entre las tipificadas como muy graves figuran la «perturbación muy grave» de la seguridad ciudadana en actos públicos, religiosos, deportivos u otras reuniones numerosas; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto o las manifestaciones con finalidad coactiva desde que finalice una campaña electoral y hasta que concluya la jornada.
Se multará con hasta 600.000 euros también deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos; fabricar, reparar, almacenar, adquirir o poseer armas prohibidas o explosivos no catalogados.
La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión por razones de seguridad, así como la comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años.
Como infracciones graves, el anteproyecto fija, entre otras y además de la mencionada de las protestas no comunicadas frente a instituciones del Estado, «alterar el orden público» encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
Los actos de «obstrucción» que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial cumplir con sus funciones al margen de los procedimientos establecidos también conllevarán una multa de entre 1.000 a 30.000 euros.
Una sanción a la que también deberá enfrentarse quien se niegue a identificarse a un policía o quien desobedezca o «se resista» a la autoridad cuando no sea constitutivo de delito.
El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes, será también infracción grave.
Una categoría en la que también se incluyen las manifestaciones públicas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas o símbolos con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración del orden y que «ensalcen o justifiquen el odio, la xenofobia, el terrorismo, el racismo o la violencia contra la mujer».
La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar o la conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes también serán infracciones graves.