Tras cinco aplazamientos, al parecer por desacuerdos internos dentro del propio PP, el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto para reformar la ley del aborto, que pasará a llamarse Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Ahora, la propuesta será llevada al Congreso español para su debate y, teniendo en cuenta la mayoría absoluta que ostenta el PP, previsible aprobación, con lo que sustituirá a la norma de marzo de 2010, que fue denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La normativa vigente fue aprobada en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, impulsada por el Ministerio de Igualdad que entonces dirigía Bibiana Aído. En este caso ha sido el Ministerio de Justicia, a cargo de Alberto Ruiz Gallardón, el que ha liderado la reforma.

La actual legislación, que en lo que a los plazos se refiere se asemeja a la vigente en gran parte de la Unión Europea, establece el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre o graves anomalías en el feto, siempre que en este último caso haya un dictamen emitido por dos médicos distintos a los que practican la operación.

No hay límite de tiempo en caso de anomalías incompatibles con la vida o de enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.

Volver a los supuestos

Si bien Gallardón defendió que el nuevo proyecto «apuesta por la libertad de la mujer», lo cierto es que desaparece lo que en 2010 se definió como el «derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre el embarazo». Y se vuelve al escenario de 1985, el de una ley de supuestos, ya que únicamente se contemplan dos escenarios de despenalización del aborto: que sea «necesario» por existir «grave peligro para la vida o salud física o síquica de la mujer» durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, es decir, una violación, y siempre que se produzca en las 12 primeras semanas. El proyecto del PP también requiere que la violación haya sido previamente denunciada.

Según avanzó Gallardón al término del Consejo de Ministros, en ambos supuestos habrá condiciones: que el aborto sea «necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma» y que no hacerlo vaya a suponer «un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero» para la salud «tanto física como síquica» de la mujer.

Será obligado «que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías con un informe emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la salud o la vida de la mujer». Ambos facultativos tampoco pueden pertenecer al mismo centro médico donde se vaya a interrumpir el embarazo. Solo ante una situación de «peligro vital» para la mujer en caso de urgencia, no será necesario este informe.

Si el plazo de las 22 semanas fuera superado, «lo adecuado será la práctica de un parto inducido», es decir, que la mujer está obligada a dar a luz, salvo en dos excepciones: cuando existan anomalías incompatibles con la vida del feto o exista riesgo vital para la mujer. Otro de los aspectos que supone un cambio radical es la eliminación, para poder abortar legalmente, de los supuestos referidos a las malformaciones del feto, ya que el anteproyecto de ley orgánica establece que cualquier discapacidad o anomalía del feto o el embrión no es «en sí misma una disminución de derechos de protección».

En este punto, se vuelve de nuevo a los daños físicos o síquicos que pudiera provocar el feto en la mujer para poder interrumpir el embarazo. Este extremo también lo debe acreditar un informe médico al que debe acompañar otra acreditación médica de la malformación incompatible con la vida.

Lecturas parciales de Gallardón

Para comentar el alcance del proyecto aprobado ayer, GARA recabó la opinión de Arantza Campos, doctora en Filosofía, profesora titular en la Facultad de Derecho en la UPV-EHU y cuyo currículum en proyectos sobre igualdad es muy extenso.

En primer lugar, se muestra muy crítica, al tiempo que preocupada, con la inseguridad jurídica que observa en la futura ley, porque está basada en supuestos y no en plazos. «La versión de los médicos es la única válida; la opinión de la mujer no se tiene en cuenta», lamenta. Considera que el hecho de que se necesita un informe de dos facultativos diferentes, además de un tercero que practique el aborto, no le añade más rigurosidad, sino todo lo contrario, ya que obstaculiza la probabilidad de que la mujer pueda poner fin a un embarazo que no desea por la dificultad de situar bajo el mismo punto de vista y criterio a diferentes profesionales.

La ley impulsada por Gallardón retrocede más allá de la de 1985 -cuando se despenalizó el aborto- y en este punto Campos recuerda el artículo 417 bis del Código Penal aprobado aquel mismo año, menos restrictivo, porque en lugar de requerir dos informes médicos exigía uno e incluso determinaba que «en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso». Ese artículo contemplaba las malformaciones físicas o síquicas del feto para que la gestante pudiera abortar hasta la semana 22.

Gallardón también se refirió ayer a una sentencia del TC de 1985, asegurando que la reforma «recupera su equilibrio». Lo que no dijo el ministro es que, aunque la sentencia reconoce un conflicto de intereses entre el nasciturus -al que considera un bien constitucionalmente protegido- y la mujer, pero en ningún caso determinó que el feto sea titular de un derecho fundamental a la vida, y preservó los derechos fundamentales de la mujer cifrados en su intimidad, libertad, dignidad y desarrollo de la propia personalidad, como signo de autonomía.

Campos critica, asimismo, la referencia «interesada» del ministro sobre una resolución de la ONU. Gallardón alegó que el proyecto no detalla los problemas fetales que puedan causar «efectos en la salud síquica de la mujer» porque Naciones Unidas vetó que se hagan diferenciaciones entre malformaciones.

«Lo que no dijo Gallardón -puntualiza la doctora- es que el Parlamento Europeo también recomendó proteger la salud reproductiva, legalizar el aborto, y que sea seguro y accesible a todas las mujeres».