Presos enfermos y mayores de 70 años tramitan ya sus peticiones
Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) está materializando ya su decisión histórica de pedir a la administración penitenciaria la repatriación, de modo escalonado e individual. GARA ha constatado que desde el lunes los presos y presas enfermas y los mayores de 70 años están tramitando sus solicitudes para ser traídos a Euskal Herria y, en este caso, dadas sus circunstancias, también excarcelados. Detallan su situación y afirman su compromiso con el proceso.
La decisión histórica comunicada por EPPK el 28 de diciembre ya se está llevando a la práctica. Aquel día, tras meses de debate sobre las recomendaciones del Foro Social, el Colectivo anunció que abría la puerta a una salida escalonada e individualizada para la situación de los presos, lo que conllevaba la utilización de las actuales vías legales mediante las correspondientes peticiones ante la administración penitenciaria. Algunos agentes vascos se declararon escépticos ante la declaración. Pues bien, desde el lunes los presos y presas con enfermedades y los mayores de 70 años están tramitando ya sus demandas.
EPPK no ha ofrecido un listado de los presos que recorrerán esta vía, pero a tenor de los datos existentes podrían ser dieciséis en esta primera fase. Dadas sus circunstancias, además de ser traídos a Euskal Herria -solicitud que hará también el resto del Colectivo por tramos-, piden también su excarcelación.
Su intención es concluir esta tanda de solicitudes en lo que resta de marzo, con lo que en abril se daría paso al segundo turno, en el que entrarán las personas que llevan más de veinte años en prisión y los portavoces del Colectivo. Les seguirán luego los que superan los quince años, y posteriormente los que rebasan los diez, los que llevan entre cinco y diez, y finalmente los que fueron encarcelados hace menos de un lustro.
Compromiso con el proceso
Según ha podido saber GARA, las peticiones consisten en escritos individualizados con tres partes. La primera de ellas detalla las afecciones concretas que la política de dispersión ha provocado a la persona presa y a su entorno, por lo que supone una especie de currículum carcelario desde un prisma absolutamente personal y humano. Esta parte reflejará por tanto la carga de vulneraciones de derechos humanos y de sufrimiento que acarrea la política penitenciaria.
En la segunda parte, el preso o presa correspondiente expone su compromiso con la apuesta de la izquierda abertzale por un nuevo tiempo, que en la declaración de diciembre aparecía expresada en los siguientes términos: «Renunciamos al empleo del método utilizado en el pasado (...) Nuestro compromiso con el nuevo escenario es absoluto y nos reafirmamos en nuestra decisión de fortalecerlo y consolidarlo». En dicha declaración, el Colectivo se mostraba dispuesto a «analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado» y que tenga «condiciones y garantías suficientes».
Por último, la solicitud incluye los argumentos jurídicos que sustentan su demanda, con referencias tanto al marco legal español o francés -según el caso- como al internacional. Se remarcará así que la política carcelaria aplicada a los vascos no tiene parangón alguno en esta parte de Europa.
En la entrevista realizada por GARA y ‘Berria’ a dos de los interlocutores del Colectivo hace un mes, Jon Olarra ya anticipaba este extremo: «Compareceremos uno a uno, dando cuenta de las leyes y recomendaciones que dan cuenta de que la política de dispersión que nos aplican es cruel e ilegal, poniendo de manifiesto las consecuencias duras de esa vulneración de derechos y reafirmando la conformidad con nuestra declaración pública».
Zaballa en el Estado español
Tras todo ello, en el caso de los miembros del Colectivo encarcelados en el Estado español, se solicita ser llevados a la cárcel alavesa de Zaballa, cuya capacidad permitiría el reagrupamiento de estas personas presas. «Convirtamos Zaballa en referente de la vuelta a casa y la resolución», exponían Jon Olarra y Marixol Iparragirre en la citada entrevista.
La petición común de ser llevados a Zaballa tiene como objetivo también que el Colectivo «sea activo» en favor de la resolución del conflicto, algo que en la entrevista se subraya como «recomendable y necesario» dado el ejemplo de otros procesos similares en el mundo. Este es el motivo de que en la segunda tanda de solicitudes se vaya a pedir ya la repatriación de los seis portavoces de EPPK.
Dado que en Ipar Euskal Herria no existe una prisión con capacidad para acoger a todos los presos vascos, en el caso de las solicitudes de los encerrados en el Estado francés no se detalla un lugar concreto de destino, pero sí se incluye también la demanda de ser llevados lo más cerca posible de casa.
Efectos
Las solicitudes activarán los procedimientos administrativos correspondientes, aunque a nadie se le escapa la cerrazón del Gobierno español, que ha fijado posición ahora en que no cambiará la dispersión si ETA no se disuelve.
No obstante, el paso dado por EPPK crea una nueva situación. Por un lado, pone en primer plano la persistencia de unas medidas de excepción que vulneran los derechos humanos y son repudiadas de forma muy mayoritaria en Euskal Herria. En este sentido, EPPK ha reiterado en sus distintas manifestaciones que quiere recorrer este camino de la mano de los agentes y ciudadanía vasca.
Junto a ello, la decisión remarca el grado de compromiso del Colectivo con el proceso de resolución. La declaración de diciembre incidía en que el paso se ha tomado por «responsabilidad» y ante la consciencia de que la cuestión de los presos está siendo usada por los estados para «enfangar el proceso».
Una prisión atenuada que ya tienen aplicada 7 presos vascos
Los presos que en esta primera fase piden ser traídos a Euskal Herria y/o excarcelados son los enfermos y los mayores de 70 años. En el Estado español apelan a lo previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Se trata, explican a GARA fuentes jurídicas, de un punto previsto para estas situaciones concretas y que integra características del régimen de segundo grado y tercer grado.
El resultado es un régimen flexible que en la actualidad ya tienen aplicado varios presos vascos con enfermedades de carácter grave. Fueron excarcelados para que siguieran cumpliendo condena en su domicilio, en la modalidad de prisión atenuada. Según el último informe de Etxerat, son siete: Juan Pablo Diéguez, José Luis Elkoro, José Ramón Foruria, Mikel Gil, Belén González Peñalba, Milagros Ioldi y Juan José Rego Vidal. En la misma situación se encontraba Ibon Iparragirre, de Ondarroa, pero la semana pasada fue llevado a prisión tras la confirmación de su condena por parte del Tribunal Supremo.
Si Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior- diera el visto bueno a la petición realizada por los prisioneros, estos podrían acogerse a ciertos beneficios, como no tener que volver a la cárcel a pasar la noche o tener la posibilidad de salir a la calle durante un periodo de tiempo -con pulsera telemática-, siempre con la obligación de acudir a prisión cada semana para firmar.
Solo se acogerían a esta previsión de la legislación española las peticiones de esta primera tanda. El resto tendrá otro encaje jurídico.
En cuanto al trámite de estas solicitudes es cada preso quien, de forma individual, solicita el cambio de grado a la Junta de Tratamiento de su prisión actual. Se trata de un órgano formado por educadores, médicos y funcionarios de prisión, entre otros, y se encarga de realizar un informe en base a la petición. La Junta de Tratamiento emite una valoración razonada que se traslada a Instituciones Penitenciarias, a quien se otorga la facultad de conceder o no el cambio de régimen al prisionero en cuestión.
Las Juntas de Tratamiento, por ley, tienen un máximo de seis meses para reunirse con el objetivo de revisar y decidir sobre los posibles cambios de régimen de los prisioneros. Por ello, se estima que las decisiones sobre los presos vascos que han pedido la repatriación y/o excarcelación variarán en el tiempo, según la prisión en la que se encuentren, la próxima reunión prevista y la voluntad existente. Técnicamente no es necesario esperar a la próxima reunión, sino que está en manos de este órgano responder en un periodo de tiempo razonable a las peticiones presentadas.
El procedimiento es diferente en el caso del Estado francés. Ya hay una petición concreta en marcha antes de esta iniciativa: en la reciente entrevista concedida a GARA, Ibon Fernández Iradi, con una grave enfermedad, explicaba que reclamaron la suspensión de la condena en marzo del pasado año. «El proceso se está alargando», lamentaba. Los informes médicos son favorables a la excarcelación, pero todo depende ahora de un juez. Aimar ETXEBERRIA