En un país civilizado sería un escándalo

Una sentencia que ponga sobre la mesa de forma tan clara que las declaraciones de una treintena de jóvenes ante la Policía no se produjeron de forma «libre y voluntaria» debería suponer un escándalo mayúsculo en cualquier Estado civilizado.

El fallo no dice textualmente que fuesen torturados, no, pero tampoco hace falta hilar muy fino para llegar a esta conclusión. Si no declararon motu proprio es que fueron obligados. Y no es difícil plantearse cómo se puede forzar a alguien a decir lo que tú quieres en contra de sus propios intereses cuando lo tienes en tu poder, indefenso y sabiendo que eres impune.

Hay que explicarlo así de sencillo porque resulta increíble que, ante una evidencia tan demoledora como es una sentencia de la Audiencia Nacional, no se haya escuchado ni una sola voz, más allá de las habituales, que denuncie la barbarie. ¿De verdad no hay ningún medio español, ni siquiera y especialmente los progresistas, que haya considerado que esto es un hecho a investigar y denunciar? ¿Tampoco algún diputado de esos tan preocupados por las violaciones de derechos humanos practicadas a miles de kilómetros de Madrid? ¿Y los que claman al cielo por la represión en el Estado siempre y cuando no sea contra los vascos?

La sentencia refuta la teoría de la «manzana podrida» y pone el foco en todo el proceso. No es un policía loco, sino todo el sistema. De hecho, habría que ver cuántas sentencias del mismo tribunal se mantenían en pie si se aplicasen las mismas garantías procesales a las que aluden los magistrados. Que apenas 24 horas después del fallo se produzca una nueva denuncia de torturas debería haber supuesto un punto y seguido en la alarma social. Alguien, al sur del Ebro, podía haber aprovechado para levantar la vista y exigir responsabilidades. En lugar de eso, miran hacia otro lado.