Holder, Landa y Mira exponen fórmulas de solución para los presos vascos
El segundo Foro Social, centrado hoy en la cuestión de los presos, ha concluido con una mesa redonda entre Daniel Holden, dirigente de la ONG CAJ, que intervino en el proceso irlandés; el exdirector de Derechos Humanos de Lakua Jon Mirena Landa; y el profesor de la Universidad de Valencia Francisco Javier Mira.
El primero ha explicado cómo se resolvió el asunto en Irlanda, con un criterio eminentemente práctico por encima de lo que considera justo. Así, a los presos no se les reclamó siquiera un reconocimiento del daño, «que hubiera complicado bastante el proceso». La impunidad de los soldados británicos es lo que más sangrante le resulta: frente a los quizás hasta 25.000 presos por relación con el IRA y los entre 5.000 y 10.000 paramiltares, solo cuatro militares ocupantes pasaron por la cárcel (de un total de 300.000 que pasaron por el norte de Irlanda).
Jon Mirena Landa se ha «mojado» con una propuesta concreta de requisitos para la reinserción. Plantea tres patas: «algo de paso de tiempo en prisión», «algo de reconocimiento del daño» y «un compromiso de futuro». Visto más en detalle, en el primero de los tres aspectos propone que en los casos más graves el cumplimiento efectivo pueda situarse en torno a la mitad de la condena impuesta. En lo respecta al reconocimiento del daño, considera que una fórmula adecuada sería la asunción de las responsabilidad civiles («si tengo dinero, pago, y si no, lo haré en el futuro»), en lugar de reclamar «escenificaciones de humillación». La tercera parte es más sencilla.
Al igual que Landa, el profesor Mira ha reclamado realismo porque «la derogación del arsenal punitivo no se va a producir, lo que toca es deslegitimarlo desde foros como este». Ha diferenciado dos cosas: por un lado, las medidas de excepción como la dispersión, ante las que «no hay que modificar ni una coma de la legislación» si se quieren suprimir, solo haría falta la decisión; y por otro, todo un «arsenal» legislativo que cree que «hay que derogar». Considera que una vez acabada la lucha armada de ETA, no hay motivo alguno para cuestiones como los impedimentos para acceder a la libertad condicional. Y en su opinión, incluso el Gobierno del PP estaría obligado por la propia Constitución a derogar todo ese bloque normativo.