Los miembros de EH Bildu, de Vital y de BBK, Gorka Ortiz de Guinea y Fernando Velasco en Gasteiz, por la mañana, y Arantza Urkaregi y Asier Vega, en Bilbo por la tarde, trasladaron ayer la necesidad de parar la transformación de BBK y Vital en fundaciones bancarias privadas este próximo lunes 30 de junio y abrir un período de negociación para garantizar la existencia de un sistema financiero vasco con control público y social.

Así, Urkaregi demandó la necesidad de «suspender la asamblea de BBK» y «garantizar el futuro de la caja y su control público y social», para lo que el primer paso es retirar de las asambleas ese punto de la transformación. Como explicó antes Velasco, «hay tiempo para hacer las cosas bien y de acuerdo». Porque, en realidad, EH Bildu manifestó que está dispuesto a alcanzar acuerdos que garanticen ese modelo social y de ahorro que ha sido característico en las entidades vascas.

Unos y otros remarcaron que el acuerdo debe establecerse entre los tres territorios y estiman necesario realizar un examen jurídico extenso sobre la posibilidad de volver a la situación anterior a la Ley de Cajas y Fundaciones, aprobada el pasado 27 de diciembre. Asier Vega destacó ayer en Bilbo que el subgobernador del Banco de España «ha contestado a nuestros compañeros de Amaiur que no hay ninguna legislación europea que prohíba la propiedad pública de las entidades» y rechazó que «estemos creando alarma social. No se puede decir que quien grita fuego en medio de un incendio es quien crea alarma social», precisó.

EH Bildu en Gasteiz y Bilbo demandó que si ese estudio jurídico indica que no hay alternativa a esa legislación «la fundación bancaria debería garantizar el control social y público que históricamente han tenido las cajas, por lo que ese patronato contaría con representantes de las instituciones fundadoras, de los agentes sociales y sindicales de cada territorio y una representación proporcional de las Juntas Generales».

A la vez, se compondría una asamblea general, que haría el seguimiento de la fundación y a la que debería rendir cuentas. «Cada cuatro años, con el cambio de legislatura, se cambiarían los representantes».

En esta propuesta amplia «se conformará una comisión pública propia de las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa encargada de garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de la fundación, así como garantizar un control público institucional y social». La coalición soberanista demanda, además, que «para impedir acuerdos que deriven en la privatizaicón de las cajas y prevenir que la ley obligue a vender las acciones, planteamos instrumentos que garanticen un control público». Aplicar la autocartera, que recogía el contrato de integración, o compraventa de acciones entre ellas; que las administraciones reserven capital público para invertir y que diputaciones y Gobierno Vasco «pongan en marcha una sociedad pública que si fuera necesario hiciera la inversión necesaria para impedir que entre capital privado en Kutxabank».