BBK y Vital desaparecen hoy como cajas y se convierten en fundaciones

El amplio debate que se había generado en torno al carácter público de Kutxabank -sobre todo después de que su presidente, Mario Fernández, se mostrase partidario de abrir el accionariado del banco al capital privado- se ha intensificado en las últimas semanas al fijarse la fecha de hoy, 30 de junio, para la transformación de las cajas en fundaciones privadas, aunque el plazo no concluirá hasta el 29 de diciembre.

El primer paso se daba el pasado 12 de junio, día en el que los consejos de administración de BBK y Caja Vital, y tras el pacto suscrito por PNV, PSE y PP, daban luz verde a la transformación en fundaciones, decisión que deberá refrendar hoy las asambleas, y aprobaban también el borrador de los estatutos, así como los nombres que a partir de ahora regirán las fundaciones bancarias sucesoras de las cajas.

De entrada, con este acuerdo el PNV consigue mantener la presidencia de BBK con Xabier Sagredo a la cabeza, mientras el PP hace lo propio con la presidencia de Vital, donde Fernando Aránguiz continuará en el cargo.

Según los principios que inspiran la ley de fundaciones bancarias, el objetivo de esta transformación consiste en «despolitizar» la gestión de las cajas y hacerla más «profesional» para evitar las actuaciones ilícitas que se produjeron en varias cajas del Estado español. Pese a que las entidades vascas han sido las más solventes de todo el sistema, deberán eliminar también sus actuales órganos de gobierno, integrados por una representación de los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales de cada territorio, y nombrarán unos patronatos que asumirán todas las funciones, ya que se convertirán en el máximo órgano de gobierno y representación de las fundaciones.

La ley establece que los miembros de estos patronatos tengan «perfiles profesionales», es decir, sean «expertos» y con conocimientos y experiencia en materia financiera. No obstante, y salvo los tres patronos que propondrán las entidades fundadoras (diputaciones y ayuntamientos de Bilbo y Gasteiz), los doce restantes han sido propuestos directamente por los tres partidos que han pactado su reparto (PNV, PP y PSE), lo que disipa todas las dudas sobre su afinidad ideológica. En la BBK, de los quince patronos, diez serán propuestos por el PNV, tres por el PSE, uno por el PP y otro por CCOO, aunque si no acepta recaería en el PSE. En el caso de la entidad alavesa, también con quince miembros, el PP nombrará a ocho, el PNV a cuatro y el PSE a tres, aunque tiene la intención de ceder uno de sus candidatos para que sea elegido por CCOO si lo desea.

Si bien la ley indica que los nuevos patronos no podrán ser afiliados a ningún partido político, llama la atención la presencia de destacados dirigentes de estas tres formaciones políticas en legislaturas anteriores. En el grupo de los patronos nombrados por el PNV, se encuentran personas con una destacada trayectoria en este partido como el propio Xabier Sagredo (tesorero del BBB) o Mónica Arbaiza (miembro del ABB), así como procedentes de organismos e instituciones como Confebask, SPRI o Elkargi en anteriores legislaturas del PNV. Por su parte, entre los cargos de confianza del PP se encuentran, además del propio Fernando Aránguiz (PP), personas procedentes de las patronales CEOE y SEA, así como de organismos municipales de Gasteiz. Por último, el PSE ha propuesto a un exdiputado de este partido en el Congreso español, a un exjuntero en Araba, a un exmiembro de la directiva española de UGT e, incluso, a un exdelegado del Gobierno español en la CAV (Mikel Cabieces).

Pese a estos nombramientos, el presidente de BBK, Xabier Sagredo, aseguraba que «nada de lo fundamental va a cambiar». En su opinión, «la caja no se va a privatizar» y «va a seguir siendo de los vizcainos» aunque se convierta en una fundación.

Perpetuidad

No obstante, llama la atención el hecho de que, a partir de ahora, estos patronos se «autodesignarán» en un régimen de cooptación destinado a asegurar su perpetuidad y a blindarles de cualquier control social o institucional, pese a que su labor será la de gestionar el patrimonio y el capital social acumulados por miles de ahorradores vascos durante generaciones.

Una vez acordada hoy la conversión en fundación privada y formalizada la inscripción en el registro, los nuevos patronos dispondrán de un plazo de tres meses para elaborar un plan financiero que demuestre que la futura fundación podrá cubrir las necesidades de capital del banco si fuera necesario. También deberán decidir si quieren mantener el actual porcentaje de control del banco -la BBK ostenta el 57% de las acciones de Kutxabank, la Kutxa el 33% y la Vital el 11%- y constituir un fondo de reserva.

Sobre este punto, el pacto entre PNV y PSE indica que los dos partidos controlarán los posibles cambios que pueda haber en el accionariado de Kutxabank con el fin de «garantizar su anclaje y arraigo» en la CAV.

Sin embargo, los partidos políticos, sindicatos y organismos que se oponen a ello consideran que la transformación en fundaciones privadas provocará la pérdida definitiva del control público de las cajas, así como de la gestión de Kutxabank, ya que los patronatos no deberán rendir cuentas ante las asambleas. No se descarta incluso que antes de cinco años sus acciones comiencen a cotizar en la bolsa.

Se habla ya del «mayor robo perpetrado en estas últimas décadas» en Euskal Herria, con un único precedente, el de Caja Navarra, entidad desaparecida precisamente por la falta de control público sobre sus inversiones, campañas de expansión y nombramientos de puestos ejecutivos.

Este hecho ha incrementado los temores de quienes consideran que, aunque en un principio los patronatos podrían responder a las directrices de estos tres partidos, en el futuro podrían aumentar su grado de autonomía, de tal forma que los políticos terminarían incluso perdiendo su influencia sobre los patronos.

Los sectores que defienden el control social y público de las cajas y de Kutxabank sostienen que aún hay tiempo para revertir este proceso, ya que no existe ninguna legislación europea que prohíba la propiedad pública de las entidades, de tal forma que se puedan poner las bases de un sistema financiero comprometido realmente con el tejido productivo vasco y la sociedad en general a través de la obra social, tal y como lo ha sido a lo largo de un siglo.