Lokarri insta al Estado español a «cesar cualquier acción que obstaculice» la paz
El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha expresado su «total desacuerdo» con la sentencia del sumario 35/02 y ha pedido a la Audiencia Nacional española y «a todos los poderes del Estado» que «cesen cualquier acción que obstaculice el camino hacia la paz y la convivencia».
Tras conocerse la sentencia que condena a 20 ciudadanos vascos y ordena el comiso de 111 «herriko tabernas», Ríos ha destacado que «el artículo 24 de la Constitución Española consagra el Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas», y ha subrayado que, «en este caso, desde que se puso en marcha el sumario, allá por el año 2002, hasta ahora, que se ha conocido la sentencia, han transcurrido 12 años en los que todas las personas juzgadas han visto condicionadas sus vidas y su actividad política, por lo que dicho derecho ha sido claramente vulnerado».
Asimismo, ha recordado que «la base para condenar a varias de las personas encausadas ha sido la teoría del ‘todo es ETA’». «Al igual que en ocasiones anteriores, la Audiencia Nacional considera que las personas que pueden compartir objetivos o ideología con ETA son parte de dicha organización, limitando gravemente el derecho a la libertad ideológica protegido por el artículo 16 de la Constitución», ha añadido.
Contexto
Paul Ríos ha señalado que la sentencia «se conoce en un contexto histórico marcado por el final de la violencia de ETA y por la oportunidad que tiene la sociedad vasca para construir una convivencia pacífica y democrática».
«El objetivo es lograr que ninguna persona sea amenazada o perseguida por sus opiniones o actividades políticas, garantizando la libertad y seguridad de todas las personas. Esta sentencia no ayuda en nada a conseguir dicho objetivo, sino que es un obstáculo y una nueva dificultad para esta importante tarea de la sociedad vasca», ha apuntado.
Por todo ello, Lokarri muestra su solidaridad con todas las personas condenadas y hace un llamamiento «firme a la Audiencia Nacional y a todos los poderes del Estado para que cese cualquier acción que obstaculice el camino hacia la paz y la convivencia».