Sin que sirva de precedente, en un arranque de sinceridad, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confesó ayer que no sabe qué pasará el domingo en Catalunya. Y así es. A día de hoy aún son bastantes los interrogantes que planean sobre el proceso participativo, empezando por saber si finalmente abrirán o no los institutos públicos. Y sin embargo, existe una certeza, confirmada por la cacerolada nocturna con la que los barceloneses volvieron a protestar ayer por tercer día consecutivo contra el Estado español: el éxito de la movilización y la fotografía de las colas de gente esperando poder votar están garantizadas.

Es un hecho asumido ya por el Gobierno español, como dejó claro ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que «nadie impedirá» que la sociedad realice un «ejercicio de libertad de expresión». El objetivo en Madrid, por lo tanto, pasa ahora por restar importancia a la consulta alternativa del domingo y conseguir que el Govern no se implique en su organización -como si hasta ahora no hubiese hecho nada- De ahí el recado de Catalá, que recordó que si el Ejecutivo catalán asume la organización, «la Fiscalía, en ejercicio de su autonomía, promoverá la acción que corresponda».

Más amenazadora, la delegada del Gobierno español en Catalunya, María de los Llanos de Luna, envió ayer cartas a la vicepresidenta del Govern, la consellera de Educación, los presidentes de las cuatro diputaciones, y los alcaldes y secretarios e interventores municipales de toda Catalunya. En ellas les recuerda «el deber de los poderes públicos de cumplir con las resoluciones del Tribunal Constitucional» y «la importancia de que no se adopten acuerdos o se lleven a efecto actuaciones que pudieran contravenir la decisión del Tribunal». El objetivo es evidente: impedir que ninguna institución pública participe en el 9N, empezando por el Govern, que ayer vio como el Tribunal Supremo rechazó la demanda contra la impugnación del Gobierno español ante el TC.

Reunión crucial

El Govern no reaccionó ayer más que con una breve nota en la que recordaba a Llanos de Luna que «siempre» cumple la ley, por lo que la posición definitiva del Ejecutivo catalán se conocerá probablemente hoy, en la reunión que a partir de las 11 de la mañana mantendrán Govern, partidos soberanistas y entidades de la sociedad civil en el marco del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD). Se trata de un encuentro clave, en el que el Govern tendrá que exponer hasta dónde está dispuesto a llegar en la organización del proceso participativo del domingo. Y habrá que ver también si el resto de partidos y entidades aceptan o no el planteamiento del president, Artur Mas.

En este sentido, el coordinador del PNDD, el expresident del Parlament Joan Rigol, cercano a las tesis de Mas, se mostró dispuesto a asumir desde el Pacto cualquier tarea de organización del 9N. Sin embargo, tanto ERC, ICV-EUiA y la CUP como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) repitieron a lo largo de la semana que están dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta, pero que es el Govern el que «tiene que seguir al frente del 9N», en palabras de la presidenta de la ANC, Carme Forcadell.

En la reunión de esta mañana se debería aclarar, por ejemplo, si los locales de votación situados en institutos de titularidad de la Generalitat abrirán o no, y en ese caso quién lo hará. También si habrá recuento oficial o no a cargo del departamento de Governació. En resumen, el Govern tendrá que aclarar si el domingo mantiene abierto el paraguas institucional que ha acompañado los preparativos del 9N o si se limita a mirar a otra parte mientras los voluntarios se encargan por completo del proceso.

La diferencia entre un escenario y otro, como ayer remarcó el ministro Catalá, resulta «muy importante», ya que la participación activa del Govern podría poner en marcha la actuación de la Fiscalía, lo que de rebote, podría poner en apuros a los Mossos d'Esquadra. En una entrevista radiofónica, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, fue muy claro al recordar que los Mossos d'Esquadra actúan también como policía judicial y que estarían obligados a atender cualquier requerimiento judicial que les llegue en el sentido de retirar urnas o cerrar locales de participación.

La CUP envió ayer una carta al conseller para exigirle que los Mossos permitan, sea cual sea la circunstancia, la votación del domingo. El propio Espadaler calificó esta posibilidad de «remota» y aseguró que, en cualquier caso, los agentes actuarán siempre «bajo el principio de proporcionalidad», lo que deja, como hipótesis, la opción de que los Mossos atiendan los requerimientos judiciales pero decidan no ejecutar la orden de retirar las urnas ante la reacción que dicha actuación podría suscitar. También hay que tener en cuenta que tal mandato debería llegar desde cada uno de los juzgados de los 49 partidos judiciales de Catalunya, lo que podría dar pie a que en algunos territorios haya orden judicial y en otros no.

De todos modos, la Fiscalía General del Estado siempre podría pedir a la Audiencia Nacional que actuase de forma centralizada, aunque en este caso sería más fácil que pidiese actuar como policía judicial a la Policía española o a la Guardia Civil, cuya presencia en diversos puntos de Catalunya en los últimos días está dando pie a todo tipo de especulaciones.

Pero más allá de furgones policiales, tanques y rumores, el 9N sigue tomando más fuerza día a día. Ayer las filiales sindicales de CCOO y UGT en Catalunya, poco sospechosas de independentistas, llamaron a participar masivamente el domingo, igual que la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGIC). La influyente agencia Bloomberg volvió a estirar de las orejas a Rajoy, la BBC se preguntó si no será el Gobierno español el principal instigador del independentismo y el número de periodistas acreditados para cubrir la jornada del domingo ascendió ya a más de 650. Sea la de miles de catalanes votando o la de un policía retirando las urnas, la fotografía del 9N llegará a todo el mundo..