‘Ciutat Morta’

La emisión del documental ‘Ciutat Morta’ hace una semana en la televisión pública ha supuesto un terremoto en la sociedad catalana, que ha comprobado con perplejidad el tamaño de un montaje policial con un saldo de cinco años de cárcel y un suicido.

Que unas personas sean aleatoriamente detenidas, torturadas, encarceladas preventivamente durante dos años y posteriormente condenadas con las declaraciones policiales como única y exclusiva prueba de cargo no es algo que suene a chino en Euskal Herria. Que 569.000 personas vean un documental que denuncia el caso un sábado por la noche en la televisión pública y que el tema se mantenga en el primer plano de la actualidad durante una semana, obligando incluso al pleno del Parlament a aprobar por unanimidad una declaración institucional, sí.

Es cierto que la agenda informativa catalana, relajada tras el acuerdo entre CiU y ERC para celebrar elecciones el 27 de setiembre, ha facilitado mantener el tema en primera línea informativa, pero no hay que minusvalorar el terremoto que ha supuesto el documental ‘Ciutat Morta’, del que esta semana se ha hablado en todas las tertulias catalanas, sean televisivas o de barra de bar. Solo un dato como muestra: los cinco minutos que el exjefe de información de la Guardia Urbana consiguió torpemente censurar a través de una orden judicial han superado ya las 800.000 visitas en Youtube.

Pero empecemos con un resumen telegráfico de los hechos: 4 de febrero de 2006, centenares de personas celebran una fiesta en una casa ocupada del centro de Barcelona, aparece la Guardia Urbana, empiezan a caer objetos del tejado y un agente de la policía resulta gravemente herido por el impacto de una maceta lanzada desde la azotea, según la primera versión ofrecida por el entonces alcalde, Joan Clos. Aunque los objetos caen desde el edificio, cinco personas son detenidas a pie de calle y tres de ellas, de origen sudamericano y nacionalidad española, son torturadas al grito de «esto por matar a mi compañero». Son trasladados al hospital, donde otras dos personas sin relación alguna con la fiesta son detenidas porque sí. Una de ellas es Patricia Heras. Su estética «queer» y un mensaje en el móvil en el que dice que va a «batear» la sentencian. Ir a batear quería decir ir a echar un trago en el bar ‘La Bata de Boatiné» del barrio del Raval.

Los tres detenidos de origen sudamericano son encarcelados preventivamente durante dos años, tras los cuales se celebra el juicio, en el que resultan condenados a penas de hasta cuatro años y medio, en el caso de Rodrigo Lanza, o de tres, en el caso de Heras. La única prueba aportada por la acusación es la declaración de dos policías que años más tarde fueron condenados por torturas y que en la actualidad están en la cárcel (aunque prejubilados con sueldos vitalicios). El supremo no solo confirmó la condena, sino que en el caso de Lanza la aumentó hasta los cinco años, que cumplió íntegramente al negarse a admitir los hechos que se le imputaban. Tras salir en tercer grado, Patricia Heras saltó por la ventana un 26 de abril de 2011. En uno de sus poemas había dejado escrito: «He ahorcado a mi inocencia».

El terremoto

El fue emitido el 17 de enero en la televisión pública catalana. Una emisión que supuso un tsunami en forma de jarro de fría sobre miles de ciudadanos que descubrieron, perplejos, que en pleno siglo XXI, el mismo cuerpo de policía que amablemente deja paso a los peatones agrede y tortura de forma sistemática a algunos de sus ciudadanos (en especial a migrantes y trabajadoras sexuales). Y que en pleno siglo XXI, la justicia te puede condenar con el único testimonio del mismo policía que te ha torturado. Más allá del cinismo de aquellos que, con conocimiento de causa y sin autocrítica ninguna, han pasado de defender la actuación de la Guardia Urbana a reclamar la reapertura del caso, muchos ciudadanos empezaron a creerse el pasado sábado que la tortura existe y que la justicia puede ser muy injusta.

Por lo tanto, no es menor el logro de ‘Ciutat Morta’, aunque sus responsables y las víctimas del montaje policial aspiren a reabrir el caso, algo complicado en el Estado español, a no ser que aparezca la prueba definitiva que demuestre, como la lógica y los informes forenses de la defensa indican, que lo que impactó contra el policía fue una maceta o un objeto contundente lanzado desde la azotea y no una piedra tirada desde la calle, como señala la sentencia. Siempre quedará Estrasburgo.

En este sentido, el logro del documental en cuanto a concienciación de la población sigue la senda trazada en Catalunya desde la explosión del 15M, casi cuatro años atrás. Para empezar, quien sabe si Artigas y Ortega estarían haciendo documentales juntos sin haber formado parte activamente del colectivo 15Mtv. Aquel fenómeno, para nada ajeno a las redes sociales y las nuevas tecnologías, supuso un cambio de rasante en la mentalidad de muchos ciudadanos, más allá de su breve activismo alrededor de la plaza Catalunya.

No hay más que recordar la vigilancia y denuncia ciudadana ejercida en otros casos de violencia policial desde entonces. Por ejemplo, el caso de Ester Quintana, en el que el periodismo independiente (sobre todo a través de ‘La Directa’) y las aportaciones ciudadanas han permitido desmontar hasta en cinco ocasiones las sucesivas versiones oficiales sobre la causa por la que Quintana perdió un ojo durante una huelga general. O el de Juan Andrés Benítez, muerto mientras lo detenían violentamente los Mossos d'Esquadra, tal y como toda Catalunya pudo ver gracias a las grabaciones de los vecinos. Ni ‘Ciutat Morta’ conseguirá de momento reabrir el caso 4F ni el 15M cambió nada en Catalunya. Pero nada volverá a ser igual.