Los documentos de CAN que reclama la AN están en poder de Enrique Goñi
El último escrito del fiscal que lleva el caso contra Banca Cívica descubre que la información que se estaba solicitando desde hace dos años está en manos de la sociedad Criteria, dirigida todo este tiempo por Enrique Goñi, uno de los principales imputados por presuntos delitos societarios en CAN. Kontuz anunció ayer que solicitará medidas cautelares para evitar la destrucción o extravío de documentos.
Tras más de dos años de juicio, resulta que la documentación que estaba requiriendo la Audiencia Nacional para investigar a Caja Navarra siempre ha estado bajo poder de Enrique Goñi, el exdirector de la entidad que ahora está siendo investigado por la Udef. Kontuz esgrimió ayer el último escrito del fiscal, que localiza la información de distintas operaciones sospechosas en la sociedad Criteria, de la que Goñi sigue siendo directivo al cargo. Por ello, la asociación adelantó que tomará medidas cautelares para que el imputado no pueda destruir o extraviar información relevante para la resolución del caso.
El portavoz de Kontuz, Patxi Zamora, calificó de «tomadura de pelo» los dos años de pleito sin saber dónde estaban los documentos. A este respecto, también advirtió a la comisión de investigación de que será duro que accedan a esos documentos, por lo que la asociación ve necesario un compromiso público para seguir exigiendo que lleguen los papeles y, también, para que la próxima legislatura continúen con el trabajo. Sobre todo, habida cuenta de que solo quedan tres semanas hábiles para la comisión de investigación y todavía no han comenzado las comparecencias. Precisamente, la comisión indagatoria está paralizada porque la información necesaria para comenzar los interrogatorios está tardando o está siendo negada. «No se puede permitir que estas estrategias de dilación y ocultación de información lleven a un cierre en falso de la comisión de investigación que tanto costó abrir», advirtió Zamora.
En este sentido, Kontuz también puso en duda el papel que está jugando la Fundación Caja Navarra y, en particular, su presidente Joaquín Giráldez. La asociación recordó que Giráldez tiene estrechos lazos familiares con una de las personas que han jugado un papel más relevante en la caja, el presidente de los empresarios (y en CAN, de la comisión de Control y el Comité de Auditorías) José Antonio Sarría. Giráldez remitió un escrito a la comisión de investigación en el que se negaba a entregar las actas de los órganos directivos en los que estaba su cuñado. Esta negativa pone a la comisión en un brete, dado que se investigan las responsabilidades políticas en el final de Caja Navarra y Giráldez se niega a entregar las actas de los consejos en los que participaron los cargos públicos.
De otra parte, Kontuz también valoró como muy positiva la llamada a declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de testigo de Lorenzo Riezu, el que fuera director antes de Enrique Goñi. Zamora recordó que Riezu va a explicar a petición del fiscal su famoso informe que resulta «demoledor» para la gestión de Goñi. Además, subrayó que el hecho de que Riezu acudiera con su informe a Yolanda Barcina y que esta no hiciera nada prueba la connivencia de los políticos con la desaparición de la caja (Barcina, como presidenta de Nafarroa, era la garante del buen hacer dentro de la caja). Kontuz destaca también que entre las operaciones que Riezu censura está la venta de oficinas a sociedades de las que participaba Barcina y que había críticas al aumento de las dietas.
Batalla para UPN en la guerra por controlar la Fundación
El Parlamento va a paralizar el proceso de nombramiento de unos nuevos patronos para la Fundación CAN. El motivo es un error de denominación a la hora de hacer la nueva ley, ya que el Parlamento legisló para quitar la prerrogativa de los nombramientos de patronos de fundaciones al Gobierno, pero la Fundación CAN es una «fundación bancaria» y, por tanto, la nueva ley no les afecta. En realidad, todo viene siendo un despropósito hace tiempo. La fusión de CAN con las cajas de Canarias, Burgos y Cajasol supuso la muerte de la caja y su reconversión en fundación bancaria. Los primeros patronos fueron nombrados por el Parlamento, pero uno de ellos venía apadrinado por Kontuz: el abogado Pablo Ibáñez. Ante tal situación, Barcina optó por pegar un golpe en la mesa, anular todos los nombramientos y colocar otro patronato afín. El Parlamento respondió cambiando la ley. No obstante, la modificación obvió que era una fundación bancaria y, por el momento, el golpe de mano de UPN funciona.