Asociaciones médicas, jurídicas y pro derechos humanos denuncian la detención de psicólogos vascos

Alrededor de medio centenar organismos pro derechos humanos, asociaciones médicas y jurídicas, y colectivos estudiantiles de Euskal Herria, Catalunya y el Estado español han suscrito un manifiesto conjunto para denunciar las detenciones de los psicólogos Nagore López de Luzuriaga, Oihana Barrios y Fernando Arburua; y de la trabajadora psicosocial Izaskun Abaigar.

En el documento se recuerda que estas cuatro personas arrestadas son «profesionales de reconocida trayectoria en el campo del trabajo en salud y derechos humanos, que han venido desarrollando una labor tenaz, profunda y comprometida ampliamente reconocida a nivel tanto personal como profesional».

Estos colectivos subrayan que «la razón por la que han sido detenidas es extremadamente preocupante», ya que su labor ha sido «atender y acompañar a personas de todos los sectores sociales y políticos, incluyendo a personas vinculadas al movimiento abertzale. Personas que estuvieron detenidas o presas o lo están aún con problemas médicos o psicológicos y familiares de personas que han estado o están presas».

«El hecho de que un profesional de la salud pueda estar bajo sospecha por el simple hecho de ejercer su trabajo es preocupante. Que además se puedan incautar sus historias clínicas y expedientes médicos y psicológicos que contienen información personal y privada de terceros, vulnera los derechos de ellos como profesionales y los de sus pacientes y sienta un grave precedente de criminalización del trabajo en salud», añade el comunicado.

Asimismo se destaca que las personas detenidas son «conocidas nacional e internacionalmente precisamente por su trabajo de documentación de los malos tratos y la tortura en que han estado implicados fuerzas de seguridad», una tarea que ha sido elogiada «por el Relator Especial Contra la Tortura de Naciones Unidas o por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, entre otros».

«Rechazamos toda forma de criminalización de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos desde el ámbito jurídico, psicosocial, comunicativo o de cualquier otra índole. Si ellos y ellas son sospechosas por su trabajo, cualquiera puede serlo. Todas nosotras lo somos», concluye el manifiesto, cuyo contenido íntegro y lista de firmantes completa puede verse en este enlace.