«No podemos hablar de paz cuando sigue una confrontación por parte parte del Estado»
Gustavo Gallardo, coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales de Marcha Patriótica, de cuya dirección nacional también forma parte, visitó recientemente Euskal Herria para valorar el estado de las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano en La Habana y explicar la postura de este movimiento social y político, que junto a otras organizaciones integra el Frente Amplio por la Paz encargado de hacer seguimiento al cumplimiento del alto el fuego unilateral decretado por la guerrilla en diciembre.
Miles de colombianos marcharon ayer en Colombia para recordar la muerte, el 9 de abril de 1948, del líder político liberal, candidato presidencial y virtual vencedor Jorge Eliécer Gaitán, conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad Víctimas del Conflicto Armado y reclamar la paz con justicia social, soberanía y el cese bilateral de las hostilidades. Marcha Patriótica se sumó a estas movilizaciones desarrolladas en todo el país y también en el extranjero.
En la entrevista con NAIZ, Gallardo, quien también preside la Fundación Lazos de Dignidad y lleva once años defendiendo a prisioneros políticos y de guerra, reitera la urgencia de que el Gobierno de Juan Manuel Santos decrete un al alto el fuego bilateral porque, subraya, «no podemos hablar de paz cuando seguimos en una confrontación por parte parte del Estado que sigue generando más víctimas».
Reclama también el restablecimiento de la figura del delito político y la excarcelación de los presos gravemente enfermos, a quienes «se les deniega la asistencia médica dentro de esa lógica de enemigo interno».
Desde Marcha Patriótica y la sociedad civil se viene exigiendo al Gobierno un cese bilateral de las hostilidades. El presidente Juan Manuel Santos aún no se decide a dar ese paso, pero el pasado 10 de marzo decretó la suspensión de los bombardeos durante un mes, plazo ampliado por otro mes. ¿Cómo valora este cese de los ataques aéreos contra los campamentos de las FARC-EP?
Saludamos este anuncio, pero pediríamos a Santos que esta suspensión se transforme en un cese bilateral en correspondencia con el cese unilateral decretado por las FARC-EP. El Frente Amplio, del cual Marcha Patriótica forma parte, asumió la tarea de verificar este cese unilateral. Al cumplirse el primer mes, elaboramos un informe en base a las informaciones que nos hicieron llegar desde las regiones, las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. Esa revisión nos dio como resultado que las FARC habían cumplido en un 100% su compromiso de no atentar contra la Fuerza Pública y las infraestructuras. El Ejército colombiano, sin embargo, ha bombardeado centros poblaciones, se ha acantonado en escuelas rurales, ha disparado indiscriminadamente contra líderes locales y campesinos en los departamentos del Cauca –al sur del país– y el Catatumbo –fronterizo con Venezuela–. El Ejército, cumpliendo órdenes de Presidencia y del Ministerio de Defensa, intensificó en febrero la ofensiva contra la población civil y las infraestructuras de las FARC, poniendo en riesgo la decisión unilateral adoptada por la guerrilla. Como Frente Amplio realizamos una visita oficial a La Habana, en la cual pedimos a las FARC que mantuvieran su decisión y, por nuestra parte, nos comprometimos a realizar ante Santos todas las gestiones a nuestro alcance para que ponga fin a los operativos militares. Esta suspensión de los bombardeos debe ser, por tanto, indefinida; no podemos hablar de paz cuando seguimos en una confrontación por parte parte del Estado que sigue generando más víctimas. No podemos hablar de derechos de las víctimas cuando, precisamente, seguimos produciendo víctimas.
En mayo está previsto que arranque el plan piloto acordado por las delegaciones de paz de las FARC-EP y del Gobierno para el desminado de una parte del territorio colombiano. Lo hará en los departamentos de Antioquia y Meta.
Es una muestra más de la seriedad y del proceso evolutivo de los diálogos de La Habana. Los minados han sido utilizados tanto por el Ejército como por la insurgencia; hacen parte de una estrategia militar. Para que efectivamente en Colombia no haya minas, es necesario que no exista una confrontación armada, porque si después de un mes o dos, ésta continua, la estrategia de minado como forma de defensa ante los bombardeos y el hostigamiento del Ejército a las infraestructuras de las FARC seguirá vigente. Este acuerdo es un pequeño grano de arena, una decisión transitoria y parcial que, a nuestro juicio, se queda corta. Reiteramos nuestra demanda de un cese bilateral de las hostilidades para que se pueda proceder al desminado efectivo y real de todo el territorio y para poder debatir sin el riesgo que supone la guerra.
¿Qué factores están retrasando el inicio formal de las conversaciones con el ELN?
En Colombia apenas se sabe del proceso con el ELN. Únicamente lo que publican los medios de comunicación y los pronunciamientos públicos de la guerrilla. La decisión del Gobierno de intensificar los bombardeos contra el ELN, a simple vista nos muestra que no va por muy buen camino el proceso, pero, también cabe destacar, que esta postura es parte del doble discurso que maneja el Gobierno, que mientras en La Habana negocia con las FARC, cosa distinta hace sobre el terreno. Algo similar puede estar ocurriendo con el ELN. La paz de Santos está enfocada hacia el silenciamiento de los fusiles; para él la paz significa eso, y el pueblo colombiano ha dicho públicamente en las urnas y en las calles que la paz pasa por la justicia social y por la construcción de un país distinto. Pedimos al ELN y al Gobierno que formalicen la mesa conversaciones y muestren al país cuál es el estado de este proceso. El país lo merece.
El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, ha contrapuesto el ambiente de tolerancia de La Habana con el clima de crispación que se vive en Colombia.
El Gobierno debe empezar a exigir a los medios de comunicación masivos en Colombia que tengan una actitud de paz, porque son quienes generan esa polarización del pueblo colombiano, y quienes siguen generando odio hacia las manifestaciones populares, siendo éste un ataque a la paz. Que De la Calle hable con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para que modere su discurso guerrerista. Es importante que De la Calle y el Gobierno comprendan que quien propició que el Gobierno pudiera continuar dialogando fue, precisamente, el pueblo organizado que, en un claro respaldo a los diálogos, apoyó la reelección de Santos y que, además, se está articulando para participar electoralmente en octubre en favor de la paz. El ánimo político en Colombia es favorable a la paz, pero lo que De la Calle y el Gobierno pretenden es que el movimiento social y popular nos callemos. Lo que Santos realmente quiere es la derrota conciliada de las FARC y del ELN en la mesa de conversaciones. Con las movilizaciones de hoy a favor de la paz con justicia social, soberanía y por el cese bilateral queremos decirle a sectores guerreristas como el de Uribe que el pueblo colombiano anhela la paz y que a ello le apostamos desde la tribunal natural de las organizaciones sociales.
Como defensor de presos, ¿qué política penitenciaria debería llevar a cabo el Gobierno colombiano en aras a avanzar en el proceso?
La cárcel, la justicia y el derecho penal en Colombia han sido herramientas de guerra, y como tal, deben ser parte de la solución. Están atestadas de compatriotas y de prisioneros políticos en las más ínfimas condiciones humanas. Colombia se ha inspirado en el modelo carcelario imperialista norteamericano, en el cual se prioriza el tema de la «seguridad» y se define la cárcel como un escenario aislado de la sociedad y como un centro de castigo. Tanto la Constitución como las leyes actuales plantean que la cárcel tiene fines de resocialización y en Colombia, lo único que no se hace es resocializarse, puesto que las garantías en la cárcel para estos fines no se dan. En pocas palabras, las cárceles son bodegas humanas en las cuales se ha querido implementar la privatización para generar que el capital transnacional y nacional inviertan en las cárceles y los prisioneros no sean vistos como ciudadanos para la resocialización sino como obra de mano barata, que se somete a grandes trabajos forzados por un sueldo irrisorio. La cárcel y los presos políticos se han utilizado como arma de guerra. No son todos miembros de la insurgencia. Hay prisioneros políticos que han sido judicializados por pensar diferente, y campesinos que, dentro de la estrategia de «quitarle el agua al pez», han sido sometidos a cárcel. Es de vital importancia abordar la cuestión de los presos políticos.
¿Qué tabla de reivindicaciones plantean desde el Frente Amplio?
Una de las necesidades más urgentes es reducir el hacinamiento, que se sitúa en un 400% pese a que desde 2002 en Colombia se han construido alrededor de 22 centros de reclusión. Existe una verdadera tragedia humana en el interior de las cárceles; los presos están muriéndose por falta de asistencia médica. Pedimos la excarcelación de los presos políticos con graves problemas de salud. La gran mayoría de los presos de las FARC son lisiados de guerra o tienen heridas de guerras, las cuales no les son tratadas. Desde el Frente Amplio y la Marcha Patriótica reclamamos la dignificación de la población carcelaria; la dignificación en estudio, salud…. y que los centros de reclusión se conviertan, efectivamente, en espacios para la resocialización y haya más inversión para la prevención del delito y no tanta para el tratamiento del delincuente. Eso es importante en términos de cambia el actual modelo de política penitenciaria. A nivel judicial, se debe reinstaurar la figura del «delito político», porque los presos políticos son enjuiciados por los cargos de «concierto para delinquir», «terrorismo», «administración del terrorismo» o «financiación del terrorismo». Con pruebas o no, quien es acusado de estos delitos se convierte automáticamente en una persona de la «más alta peligrosidad». En el caso del compañero Francisco Tolosa, a quien yo estoy reemplazando en la Comisión de Relaciones Internacionales de Marcha Patriótica, la Fiscalía alegó que «desde las esferas universitarias y desde su proyección intelectual, realizaba una apología del delito y del terrorismo, siendo sus ideas y su trabajo académico y político más peligrosos que un fusil». Nos enfrentamos a un «tratamiento de enemigo interno» tanto a nivel penal como dentro de las cárceles. Se debe retomar la figura del «delito político» como la conducta realmente cometida por los insurgentes, que se traduce en el alzamiento en armas contra el Estado. No son terroristas, ni narcotraficantes; son rebeldes.