EH Bildu propone la «excarcelación condicional anticipada» en su ‘Vía vasca para la paz’

En un acto celebrado en el Parque de la Ciencia y la Tecnología de Gipuzkoa la coalición ha presentado una hoja de ruta muy concreta en torno a las consecuencias del conflicto, estructurada en cuatro carriles paralelos: víctimas y memoria, personas presas y huidas, desarme y desmilitarización. El objetivo es buscar consensos en Euskal Herria, tanto con la ciudadanía como con sus instituciones, para desatar los nudos pendientes en este terreno.

Tres meses después de la presentación en Ficoba de ‘Euskal Bidea’, la vía vasca hacia la independencia, EH Bildu ha dado otro paso concretando ahora su posición sobre las consecuencias del conflicto, centrada también en lo que cree que debe hacerse en este país. Detalla cuál es su planteamiento exacto en torno a víctimas, presos, desarme y desmilitarización, en un documento de cuatro páginas que puede dar pie a numerosos consensos. En su intervención final, el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha destacado que se trata de propuestas realizables, para lo que ha apelado a la voluntad de la ciudadanía, partidos políticos e institituciones de cara a lograr acuerdos.

Del documento, destacan aportaciones como la concreción de la apuesta por «un proceso de reintegración de las y los presos vascos por cauces legales y con una aplicación individualizada, para lo cual será necesario poner en marcha un plan de ‘excarcelación condicional anticipada’».

Esta propuesta entronca con las recomendaciones hechas al respecto por el Foro Social y también con la iniciativa desplegada por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). EH Bildu propone que este programa requiera a las personas presas «mostrar su compromiso con el nuevo escenario abierto en Euskal Herria y renunciar a las vías violentas. Asimismo deberá haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación», añade. El planteamiento en este carril, no obstante, no solo apela a las personas presas sino que compromete también a instituciones vascas y estatales, dado que se apuesta por la asunción de las competencias penitenciarias, el traslado de los presos a Zaballa e Iruñea o la eliminación de las medidas de excepción carcelaria.

Para las personas huidas se considera que hará falta «una legislación específica» para facilitar el retorno de quienes tengan causas pendientes.

Comisión Independiente de Desarme

En este terreno, EH Bildu plantea una «secuencia» con estos pasos: «culminar a la mayor brevedad posible el proceso de sellado y verificado de los arsenales de ETA», «crear una Comisión Independiente de Desarme junto con la participación de organizadores facilitadoras internacionales», darle cobertura con «la participación constructiva de los gobiernos de la CAV y Nafarroa y los partidos políticos y agentes sociales de toda Euskal Herria» y lanzar desde ahí «un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con la destrucción de los arsenales de ETA».

La coalición insiste igualmente en que es necesario que «la variable de las armas desaparezca definitivamente de la ecuación del conflicto vasco» Y a ese respeto considera necesaria la retirada de las FSE. Articula su propuesta en varios pasos, planteando por ejemplo que los criterios de «repliegue escalonado» se aprueben en los parlamentos de Iruñea y Gasteiz y se acuerden luego con el Gobierno español. El proceso no acabaría con ello, porque se ve necesario también que «las fuerzas de policía vasca» garanticen los derechos humanos y superen «las malas prácticas del pasado».

Base de datos y Comisión de la Verdad

En lo que atañe a las víctimas y la memoria, EH Bildu pone como punto de partida que todas las víctimas tienen los mismos derechos, por lo que aboga por elaborar una base de datos con todas las vulneraciones producidas. Pero también apuesta por una Comisión de la Verdad que comparta sufrimientos y cierre heridas mutuas. «Nos parece fundamental para que lo ocurrido no vuelva a repetirse en el futuro», indica.

En este camino, se propone que tanto los partidos como los ámbitos de gobierno impulsen reflexiones prácticas y «ejercicios críticos encaminados a reconocer todo el daño causado». Y que se elabore «un plan transversal para la salvaguarda de los derechos humanos, con la ayuda de las instituciones y otros agentes».