El Gobierno de Madrid elude responder a la ONU sobre la falta de condenas por tortura
El Gobierno español ha eludido hoy responder a las preguntas del Comité contra la Tortura de la ONU, que hoy ha sometido a Madrid a su sexto informe. Los relatores, liderados por el presidente del CAT, Claudio Grossman, se han interesado por la falta de condenas por malos tratos y la escasez de datos sobre cuántas personas denuncian torturas, así como por las nulas garantías de la incomunicación. Los funcionarios españoles se han limitado a reproducir la normativa.
«¿Cuántas denuncias se han producido? ¿Cuántas investigaciones? Estas respuestas nos ayudan para tener información». El presidente del Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, Claudio Grossman, insistía en la falta de datos concretos tras la primera ronda de respuestas lanzada por los funcionarios españoles. En su informe previo, los diferentes relatores se habían interesado por cuestiones como la incomunicación, la escasez de investigaciones, la dispersión de los presos vascos, la situación de Ceuta y Melilla o la negativa del Estado español a extraditar a los dirigentes franquistas reclamados por la juez argentina María Servini. De poco ha servido la insistencia. Los funcionarios españoles (miembros del CGPJ y de los ministerios de Interior y Justicia, entre otros) han optado por aferrarse a la teoría, desmenuzar la legislación y obviar que esta no se cumple. Ahora, la ONU tendrá que emitir un informe con recomendaciones, que está previsto que se haga público al término del actual período de sesiones (el número 54) que concluye el próximo 15 de mayo.
La inconcrección de las respuestas del Ejecutivo español ha sido lo más remarcable de la sesión. Sin aportar datos sobre tortura, se han limitado a asegurar que incluirán las recomendaciones europeas en futuras transposiciones que todavía no se han llevado a cabo. Esta falta de detalle ha permitido que, por ejemplo, intentasen vender como avance positivo la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la incomunicación. En realidad, la única variación es que si antes el detenido tenía vetado el acceso a un abogado de oficio, ahora dependerá de la decisión del juez. Un magistrado que, por otro lado, suele seguir las solicitudes del cuerpo policial que incomunica. Sobre el régimen de incomunicación los representantes españoles han llegado a mentir abiertamente al comité de la ONU, asegurando que los arrestados tienen derecho a escoger un médico de confianza. En su respuesta, el presidente del CAT se ha limitado a señalar que toda modificación es positiva, sin entrar en más detalle.
Los representantes españoles también han intentado defender la política de dispersión de los presos políticos vascos, lo que ha generado una discusión con uno de los relatores. «No tenemos separación de los presos por su origen. No es apropiado decir si son vascos o de Andalucía... Posiblmente se refiere a los que colaboran con ETA, que es una organización terrorista», ha señalado el representante español, que ha defendido la dispersión y ha hecho mención a un supuesto «plan de reinserción» del que nada se sabe desde que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo presentase en público en 2012. El relator, por su parte, ha insistido, preguntándose cómo formular al colectivo.
El Gobierno español tiene ahora 48 horas para formular las alegaciones que considere oportunasy presentar la documentación complementaria. Los relatores también han mantenido encuentros con ONGs y grupos de la sociedad civil con el objetivo de elaborar sus recomendaciones. No obstante, cabe recordar que Madrid ni siquiera ha cumplido las realizadas por el CAT en su examen de 2009, en el que solicitaba que, para evitar la tortura, los detenidos en régimen de incomunicación pudiesen acceder a un abogado de confianza o un médico de su elección.