El Gobierno foral entra al juego de la filtración para condicionar la campaña electoral
Primero fue una noticia sobre una denuncia contra Uxue Barkos, candidata de Geroa Bai, que terminó volviéndose en contra de UPN. Posteriormente, una información sobre Laura Pérez refutada por documentos del Servicio Navarro de Empleo pero que ha servido al Gobierno foral para entrar en la guerra de las filtraciones. Podemos ofrecerá hoy una rueda de prensa para dar sus explicaciones.
«No tenemos explicación», aseguraba ayer Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Nafarroa, al ser preguntado sobre la razón que podía explicar que precisamente en campaña una agencia española airease desde Madrid una filtración que señalaba a la candidata de Podemos, Laura Pérez, como benefactora de un contrato como profesora de inglés y francés en el concejo de Artica, donde su madre ejerce como presidenta. «Esta persona pretende dar ahora lecciones de regeneración a los representantes políticos», aseguraba el portavoz del Ejecutivo en funciones, dando por hecho que la contratación se produjo de forma «ilegal». Esta versión, sin embargo, se contradice por los documentos aportados por la candidata, quien ayer indicó a NAIZ que el trámite se desarrolló a través del Servicio Navarro de Empleo para evitar cualquier suspicacia. En aquel momento, en 2013, ni Podemos existía ni Pérez podía imaginar que sería candidata al Ejecutivo foral. La información, hecha pública por una agencia y datada en Madrid, se convierte en la segunda filtración interesada en una semana de campaña.
El lunes por la noche, durante el debate a ocho, el candidato de UPN, Javier Esparza, ya dejó caer un apunte sobre las «contrataciones en Artica» en referencia a Pérez, aunque sin dar más pistas. Horas después, una agencia de Madrid publicaba una filtración para indicar que la candidata de Podemos «fue contratada por la localidad que preside su madre y el Gobierno foral lo impugnó». La contratacion se realizó a través del Instituto Navarro de Empleo, que avaló el proceso, pese a lo cual el entonces consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y actual candidato de UPN, Javier Esparza, impugnó el procedimiento.
En conversación con NAIZ, Pérez explicó que fue contratada como profesora de inglés y francés con un contrato de 16 horas mensuales, cobrando entre 200 y 300 euros de sueldo. «Se hizo de forma muy rigurosa», argumentó, destacando que el hecho de que su madre sea la presidenta del concejo hizo que recurriesen al Servicio Navarro de Empleo y no a la fórmula habitual que se emplea en cientos de municipios y concejos. «Aquí hay un uso partidista del cargo político», denuncia la candidata del partido de Pablo Iglesias, que no quiere señalar a nadie como responsable de la filtración pero indica que tiene sus «sospechas». El hecho de que hasta el Gobierno de Navarra haya entrado al trapo ha motivado que Podemos cambie su agenda y ofrezca hoy una rueda de prensa para explicar su posición.
No es el único caso. Molesta pero sin mostrarse sorprendida, Uxue Barkos respondía el sábado a la filtración que aseguraba que el Tribunal de Cuentas la estaría investigando por supuesto cobro irregular de dietas en el Ayuntamiento de Iruñea en 2013. «El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimaron la acusación», recordaba la candidata de Geroa Bai. Una denuncia en su contra de la asociación Justitia et Veritas, vinculada al exdirigente de UPN y PP, Jaime Ignacio del Burgo, provocaba la intervención del ente fiscalizador. Sin embargo, Barkos ya advertía que «a UPN se le puede volver en contra, ya que el tribunal investiga al que paga».
El auto señala que «de los antecedentes incorporados a las actuaciones, se desprende que los hechos objeto del presente procedimiento de acción pública de responsabilidad contable se refieren a presuntas irregularidades en el pago de dietas a concejales por parte del Ayuntamiento de Pamplona». Es decir, que la denuncia de la asociación vinculada a Del Burgo podría terminar volviéndose en contra del Consistorio, que será investigado por el sistema de dietas ideado por Yolanda Barcina y que siguió funcionando con Enrique Maya, actual primer edil. Esta opción ya debía ser barajada por los servicios jurídicos del Consistorio, que se opusieron a que se abrieran las pesquisas. No obstante, no parece casual que se conozca ahora, a las puertas de elecciones, la resolución sobre una demanda promovida únicamente contra Barkos con un indudable interés político por parte de Justitia et Veritas.
Lo cierto es que, en una campaña marcada por el hastío de la ciudadanía navarra ante los casos de corrupción no parece casualidad que surjan filtraciones para intentar señalar a partidos que forman parte del bloque del cambio.