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Las novedades del «caso CAN» sacuden la campaña


Que la UDEF haya solicitado a Hacienda investigar los patrimonios de dos expresidentes y al consejero portavoz del Gobierno de Nafarroa ha tenido su incidencia en campaña. El candidato de EH Bildu, Adolfo Araiz, señaló la lista de nombres diciendo que los 18 consejeros de CAN representan a las patas del régimen: UPN, PSN, patronal, Universidad del Opus Dei, etcétera. El resto de partidos en favor del cambio comparten análisis mientras que UPN y PSN guardan silencio, pese a que el escándalo salpica al número cinco de la lista que lidera Javier Esparza (Juan Luis Sánchez de Muniáin) y al exlíder del PSN, Roberto Jiménez.

Araiz denunció que UPN y PSN «pretenden hacernos creer que la corrupción no ha existido, pretenden esconder las responsabilidades de sus chanchullos». Y en este contexto volvió a defender la necesidad de poner en práctica su propuesta de una «oficina anticorrupción». La idea es crear una nueva institución pública que colabore y supla las carencias de Comptos que, debido a su asimilación al sistema constitucional español, ve cómo sus investigaciones mueren en el inoperante Tribunal de Cuentas, del que depende. A su entender, la creación de la oficina tendrá un efecto de prevención a futuro de la corrupción.

Araiz, Barkos y Pérez

Según Adolfo Araiz, una de las claves del Gobierno de cambio ha de ser la de hacer público «lo sucedido en los oscuros despachos de Carlos III», es decir, el edificio central donde se tomaban las grandes decisiones en CAN. También acusó a UPN de tener un programa oculto y de haber alcanzado ya pactos con constructoras para nuevos macroproyectos los próximos cuatro años.

Por otro lado, la candidata de Geroa Bai, Uxue Barkos, consideró «preocupante» el hecho de que la UDEF vea necesario realizar todas estas peticiones de prueba. En este sentido, valoró que la denuncia inicial de Kontuz cobra veracidad, porque «ya cuenta con una serie de peticiones de gran envergadura por parte de la Fiscalía y en estos momentos además de la UDEF».

Asimismo, la candidata de Podemos, Laura Pérez, insistió en la necesidad de mayor transparencia y valoró que han de asumirse responsabilidades por lo ocurrido en Caja Navarra. A su juicio, el gran problema que ha existido en la CAN es que no ha estado a la altura de lo que los navarros necesitan, a saber, «una banca pública, transparente y democrática». Por ello, Pérez sostiene que Nafarroa no ha de renunciar a la banca pública que merece. En cuanto al proceso abierto en la Audiencia Nacional, la líder de Podemos sostuvo que «quien ocupó puestos de responsabilidad debe ahora responsabilizarse del desastre que ha supuesto la desaparición de la entidad».

José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, abogó porque los jueces y la Policía investiguen «hasta el final» lo ocurrido en Caja Navarra. Asimismo, sostuvo que esta determinación de la UDEF de indagar en los patrimonios de Miguel Sanz, Enrique Goñi y el resto prueba «que la investigación de la comisión parlamentaria se cerró en falso» y que habrá que seguir adelante en el esclarecimiento de lo ocurrido la próxima legislatura.

UPN y la corrupción

La corrupción se había quedado en un segundo plano en la primera fase de la campaña hasta que han llegado las noticias del «caso CAN», que permanecía dormido. UPN daba la versión de que solo tenía un imputado en sus listas (en referencia a Estefanía Clavero, líder de UPN de Eguesibar tras la expulsión del exalcalde Josetxo Andía, también por corrupción).

Sin embargo, tal afirmación es falsa, ya que el expresidente Miguel Sanz suma algún tiempo siendo procesado por lo ocurrido en Banca Cívica. Por su parte, la UDEF lleva meses indagando sobre el incremento de su patrimonio y el de sus familiares.

Si bien a Juan Luis Sánchez de Muniáin (que ha sido esta legilsatura consejero y portavoz del Gobierno Barcina) no se le conocen grandes incrementos en sus posesiones, Sanz sí que se ha enriquecido de manera más que notable. En particular, destaca la ampliación de capital (400.000 euros) en una empresa que permaneció a nombre del hijo de Sanz mientras fue presidente, cuya titularidad cambió en el momento en que el exlíder de UPN dejó la Diputación, pasando Sanz a ser el administrador único.

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