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Fernández Díaz dice que la pitada fue «incitación al odio» y Erkoreka pide «pedagogía social»

El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la pitada al himno el pasado sábado en el Camp Nou fue «una incitación al odio» que «no puede quedar impune» porque «humilla a millones de españoles». El portavoz de Lakua ha rechazado las posibles sanciones y ha hablado de la necesidad de hacer «pedagogía» entre quienes pitan.

Jorge Fernández Díaz asiste a una cumbre de ministros del Interior en Alemania. (Arno BURGI / AFP)

«No cabe la menor duda de que fue una incitación al odio, un escarnio contra el jefe del Estado y el himno nacional. Hay millones de españoles, entre los que humildemente me incluyo, que nos sentimos profundamente dolidos ante esa actuación contra el rey y contra el himno», ha declarado Fernández Díaz en una cumbre de ministros del Interior que se celebra en Alemania.

La Comisión Antiviolencia anunció ayer que remitirá los hechos a la Fiscalía General del Estado para que estudie si son constitutivos de delito. El ministro ya ha reconocido que tales actitudes no están tipificadas como delito, pero ha abogado por sanciones de tipo administrativo porque «las ofensas a los símbolos de España» son algo que «humilla a millones de españoles».

Fernández Díaz ha rechazado la actitud de «ciertos dirigentes políticos catalanes» que «pretenden que no se castiguen esas acciones. Yo les hago la siguiente reflexión: cómo se sentirían si se produjera una acción similar contra el himno de Cataluña o contra el himno del País Vasco». A su juicio, «hay algunos que tienen la piel muy fina, especialmente entre los políticos catalanes», ya que «ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio».

Respeto institucional

También se ha referido a este tema el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, quien ha reiterado que el Ejecutivo de Urkullu considera que en estos eventos debe prevalecer «el respeto institucional» y que estas situaciones «deben ser reconducidas mediante la pedagogía social y no por mecanismos sancionadores o coercitivos», sobre todo cuando se trata de actuaciones que se enmarcan en «la libertad de expresión».