Todavía quedan varios rehenes de ese esperpento que llamaron 18/98
Jabier Salutregi abandonó ayer la prisión de Burgos y con su libertad menguó la nómina de encarcelados por el 18/98. Sin embargo, todavía quedan ciudadanos vascos atrapados en esa red en forma de macrosumario. Karlos Trenor, Joxean Etxeberria, Txema Matanzas, Juan Mari Mendizabal y Elena Beloki aún aguardan.
La liberación de Jabier Salutregi puso fin ayer a su pesadilla, tras cumplir todos y cada uno de los días de condena impuestos por la Justicia española por el irreverente delito de dirigir un periódico, pero no ha cerrado el capítulo, triste y esperpéntico, que Baltasar Garzón empezó a escribir hace más de cinco lustros, con las famosas diligencias previas 75/89. Aquel sumario creció y creció, y acabó llamándose 18/98, un monstruo que hipotecó la vida de más de medio centenar de personas –tambien se llevó por delante algunas, como las de Jokin Gorostidi y Jose Ramón Aranguren– y que todavía mantiene unos cuantos rehenes en su cuenta de resultados.
Se trata de Karlos Trenor, también procesado en la causa contra Orain; Joxean Etxeberria, incluido en las piezas de Orain y de las empresas; Txema Matanzas y Juan Mari Mendizabal, por Ekin; y Elena Beloki, encausada por la parte del sumario relativa a Xaki. Permanecen presos una década después de que comenzara la vista en la Audiencia Nacional y después de que en los últimos meses hayan abandonado la cárcel, en forma de goteo, unos cuantos condenados en el mayor proceso contra el independentismo vasco. Entre ellos, la mayoría de los encarcelados por su vinculación con “Egin”.
Es el caso de Manu Intxauspe, Pablo Gorostiaga, los hermanos Isidro y Patxo Murga, José Luis Elkoro o hace apenas unos días Jexux Mari Zalakain. Hace algo menos de dos años quedó libre Teresa Toda, subdirectora del clausurado diario. Asimismo, entre los condenados en el mismo sumario, el último en abandonar la prisión antes de Salutregi fue Txente Askasibar, el día 5 de este mismo mes.
Año y medio de pena añadida
Todos ellos, hasta un total de 47 –el número de procesados superó el medio centenar– fueron objeto de fuertes condenas por participar en proyectos periodísticos o empresariales, o por militar en organismos políticos y sociales, donde desarrollaban una actividad pública. Pero además fueron obligados a soportar casi año y medio de un juicio capaz de poner a prueba la resistencia y la paciencia de cualquiera. Entre noviembre de 2005 y marzo de 2007 los encausados tuvieron que acudir semanalmente a la sede dispuesta ad hoc en la Casa de Campo de Madrid, con lo que supuso de quebranto en sus vidas, y aguantar además la prueba de soportar a la juez Ángela Murillo, de infausto recuerdo.