Barrena recuerda que la ilegalización no supuso la anulación de derechos individuales

El juicio por el sumario 04/08 celebra hoy su segunda sesión en la Audiencia Nacional. Como hicieron los procesados que declararon ayer, tanto Iñigo Balda, Gorka Diaz, Angel Mari Elkano como Pernando Barrena han explicado su labor política dentro de la izquierda abertzale y la «apertura de puertas a la paz».

«Los hechos posteriores demuestran que la actividad política que en nombre de la izquierda abertzale mantuvimos durante los años 2006 y 2007 estaba fundamentalmente encaminada a abrir puertas a la paz y la normalización política. La situación actual de ausencia de violencia por parte de ETA tiene mucho que ver con la labor política que desarrollamos en aquellos años».

La segunda sesión del juicio contra 35 militantes independentistas vascos ha contado con la declaración del actual portavoz de Sortu, Pernando Barrena, que ha repasado el devenir de la izquierda abertzale en los años 2005, 2006 y 2007 en los que se habrían producido los «delitos» por los que les acusan de «integración en banda armada» y se enfrentan a peticiones de diez años de prisión.

En su caso, la Fiscalía le atribuye un total de 110 actuaciones entre mayo 2006 y febrero de 2008, cuando fue detenido. De ellas, un 80% son ruedas de prensa y entrevistas. El resto son actos políticos, participaciones en charlas o en manifestaciones. «Se me acusa en base a ello, por el ejercicio de mi libertad de expresión». Ruedas de prensa y entrevistas por las que nunca fue procesado.

Durante los años señalados, ha apuntado que «actuaba como un ciudadano que ejercía sus derechos civiles y políticos en defensa de las reivindicaciones de la izquierda abertzale». Y de hecho, se identificaba como miembro de la izquierda abertzale, pero ha recordado que eran los medios de comunicación quienes le señalaban como «portavoz de Batasuna».

Asimismo, ha recordado que la suspensión de actividades de agosto del 2002 dejó «sin efecto» la Mesa Nacional de Batasuna y «deja de existir definitivamente una estructura organizada». Por lo que la posterior ilegalización de 2003 no tuvo efectos prácticos. En cuanto a los miembros de Batasuna, ha defendido que «al no tener suspendidos sus derechos civiles y políticos» deciden seguir trabajando «a título particular»-

En la misma dirección, ha hecho referencia al proceso Bide Eginez como respuesta a la ilegalización de Batasuna, dirigido a «reorganizar todo ese espacio en torno a un partido político legal». Un proceso que fue abierto y público.

Durante todo ese tiempo, recuerda que las conversaciones con el Gobierno español del PSOE fueron constantes y que, precisamente, tras el fracaso de las conversaciones para una tregua definitiva, fue el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien señaló que la izquierda abertzale iba «a pagarlo». Poco después comenzaron las detenciones.

Antes que Barrena ha declarado Iñigo Balda, a quien la acusación apunta como responsable de Batasuna en Gipuzkoa. Extremo que ha negado. También se ha sentado en el banquillo Gorka Díaz, a quien la acusación atribuye ser el responsable de seguridad de Batasuna. Díaz lo ha negado y ha subrayado que trabajó, como amigo personal de Arnaldo Otegi, para este «tratando de evitar filtraciones a la prensa». De esta formaba ha argumentado el hallazgo de varios aparatos electrónicos en su casa de los que, además, era aficionado.

Angel Mari Elkano, por su parte, ha negado ser miembro de la Mesa Nacional. La Acusación asegura que en el registro de su domicilio se encontraron tres documentos, que no constan en el informe policial. Del mismo modo, le imputan ser responsable del área internacional de Batasuna entre 2006 y 2007, algo negado por el encausado. En uno de los informes de la acusación aparece que un tal ‘Angelo’ «habla japonés». Sin embargo, Elkano desconoce la lengua nipona. «Si ese tal Angelo sabe japonés, desde luego no soy yo. No hablo inglés, francés, ni japonés».

A su vez, Mikel Etxaburu ha defendido que los delitos de los que se le acusa, basados en comparecencias públicas y reuniones, los hizo «siempre como militante de la izquierda abertzale y en uso de sus derechos civiles y políticos». En el mismo sentido, Marije Fullaondo ha recordado que la acusación se limita al uso de esos mismo derechos.

Maite Fernández Labastida e Ino Galparsoro han sido cuestionadas por su labor en las instituciones públicas. Esta última, exalcaldesa de Arrasate, fue acusada de desobediencia por varias comparecencias tras el auto de suspensión de ANV. Actos en los que siempre actuó como miembro de la izquierda abertzale, no como ANV.