La oposición utilizará la Constitución bolivariana para acabar con el chavismo

La obtención de una mayoría cualificada de dos tercios en el nuevo Parlamento de Venezuela por parte de la oposición le permitirá utilizar la Constitución bolivariana para acabar con el chavismo. Una de sus líneas rojas, una ley de amnistía para los políticos presos, que el presidente, Nicolás Maduro, asegura que no aceptará en ningún caso.

Es la segunda vez en quince años que los adversarios al chavismo logran un triunfo electoral en Venezuela y la primera vez desde el año 2000 que la Asamblea Nacional tiene mayoría opositora, una mayoría cualificada de dos tercios (112 escaños), según los datos oficiales difundidos en martes por la noche que confirmaban los números que reivindicaba la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Una mayoría con un gran poder sobre leyes orgánicas, entre otras atribuciones, que le permitirá a la MUD utilizar la Constitución bolivariana para acabar con el chavismo.

Nunca la oposición ha tenido tanto poder en Venezuela, y lo consiguió gracias a 7,7 millones de votos que le otorgaron el 67,07% de los 167 escaños, frente al 5,6 millones de sufragios logrados por la alianza chavista Gran Polo Patriótico (32,93%), víctima del voto de castigo.

Con esos 112 diputados, frente a los 55 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la oposición podrá llevarse a refrendo aprobatorio los proyectos de ley y los tratados, convenios o acuerdos internacionales. También le permitirá a la oposición convocar un referendo revocatorio, impulsar una Asamblea Constituyente, remover a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo Nacional Electoral, y hasta propiciar la salida anticipada del presidente, Nicolás Maduro, cuyo mandato finaliza en 2019. Con una mayoría de tres quintos (101 diputados) ya podía oponerse a los decretos presidenciales y destituir a ministros y al vicepresidente.

La oposición tenía previsto dar a conocer anoche su hoja de ruta, cuyas líneas rojas son una ley de amnistía para los políticos presos y una serie de reformas que pretenden obligar al Gobierno a cambiar su rumbo político y económico, Maduro aseguró que no apoyará «ninguna» ley de amnistía al insistir en que los políticos encarcelados elaboraron un plan para derrocarle y, en ese marco, «asesinaron a un pueblo».

«Lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos –en referencia a la ola de protestas y «guarimbas» que comenzó en febrero de 2014 y se saldó con al menos 43 muertos–. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y lo tienen que pagar, así lo digo», subrayó para salir al paso del anuncio de la oposición venezolana, que indicó que esa será una de las prioridades del nuevo Parlamento, que se instalará el 5 de enero.

Si Maduro se niega a aplicar sus reformas, la oposición vería como utilizar su mayoría para lograr su revocación en el cargo.

Preparado para el «combate»

La Constitución venezolana prevé la figura del referendo revocatorio, establecida por el chavismo y que ahora puede volverse en su contra, que puede serle aplicada a Maduro cuando cumpla la mitad de su mandato, en 2016.

Esta figura ya fue aplicada en 2004 al fallecido Hugo Chávez, quien en vez de ser revocado fue ratificado en el cargo.

Esa posibilidad planea ahora sobre Maduro, quien el martes aseguró que si la nueva mayoría parlamentaria decide convocar un referendo revocatorio para poner fin a su mandato «iremos al combate y el pueblo decidirá; iremos con la verdad ya consumada de la amenaza de la derecha a construir una nueva y poderosa mayoría».

Sostuvo que el domingo «ganaron los malos», que han sacado su «odio» y advirtió de que derogarán las leyes «del poder popular». Dijo tener «información de primera mano» de que la mayoría opositora quiere «destruir los convenios de cooperación con Petrocaribe, con China, con Rusia y con el resto de América Latina», algo que afirmó no estar dispuesto a permitir. «Si Petrocaribe fuera destruido por decisiones de la mayoría fascista que ha tomado la Asamblea Nacional Venezolana (…) vendría la crisis humanitaria más grande que se haya conocido en nuestra región», alertó.

«La oposición debe interpretar bien», advirtió el analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. La gente no votó a la oposición «para sacar a Maduro, sino para resolverle que no hay huevos, que no hay azúcar, porque la crisis económica es brutal». «El Gobierno, para recuperarse, debe buscar dónde está el error, y eso es lo que hasta ahora no ha hecho», opinó.

El Gobierno ha atribuido el «revés coyuntural» a una «guerra económica» de empresarios de derecha, admitiendo el descontento popular por el alto costo de vida y la aguda escasez de alimentos. León alertó, no obstante, de que el 70% de la población no cree el «cuento chino» de la «guerra económica». «Maduro perdió una guerra que inventó», manifestó.

Digiriendo la peor derrota del chavismo en su historia, Maduro ha convocado hoy al PSUV a una jornada de consultas para hacer «críticas y autocríticas constructivas» que definan acciones de rectificación del modelo bolivariano en materia económica y política, con medidas contra «el burocratismo» y la «corrupción», así como sobre la Asamblea Nacional.

Televisión parlamentaria

La obtención de los dos tercios de los escaños le permitirá también a la MUD tomar el control administrativo de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), un canal con unos 300 trabajadores encargado de difundir la actividad legislativa en torno al cual oposición y chavismo protagonizaron un nuevo encontronazo.

Poco después de conocerse la victoria opositora, el diputado electo Henry Ramos Allup señaló que la nueva mayoría revisará el papel del canal, que calificó de «vergüenza» por su parcialidad. «ANTV va a cambiar», dijo Ramos Allup, prometiendo no solo ampliar su cobertura a los distintos grupos políticos, sino también investigar supuestos actos de corrupción en el canal y en el Parlamento.

Maduro expresó inmediatamente su solidaridad con la cadena, cuya directiva denunció un intento de despido masivo, y anunció que aprobará un decreto para garantizar la «inmovilidad laboral» de sus trabajadores hasta el final de su mandato de seis años, en 2019.

El todavía presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, agregó que este mes se aprobará en el Parlamento la transferencia de la administración de la cadena de televisión y emisora de radio a su plantilla.

Los trabajadores, apoyados por el personal de varios medios públicos y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), rechazaron lo que consideran una amenaza a la libertad de expresión.

La oposición no ha dicho directamente que pretenda cerrar la señal y ha negado querer realizar un despido masivo, pero denunció que la señal solo sirve para hacer «propaganda» y que ha «secuestrado» la cobertura periodística de la Asamblea.

Maduro pide la renuncia de su Gabinete para hacer «renovación»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió ayer a sus ministros que renuncien a sus cargos para iniciar un proceso de «reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el Gobierno nacional» tras la contundente derrota sufrida en las legislativas y aseguró que para ellos utilizará «el método Chávez», la apertura de un debate para la renovación de la Revolución bolivariana. Ante los resultados, el mandatario anunció una «nueva etapa de la Revolución», que será de «profunda rectificación, ¡de sacudimiento, carajo!».

Maduro aseguró que la reestructuración se hará «en todas las áreas de Gobierno» y recordó que ha convocado a un diálogo en las fuerzas del chavismo, que «debe dar como resultado un conjunto de decisiones gubernamentales de renovación profunda y de batalla en temas clave que iré anunciando, activando», para lo que pidió «todo el apoyo de Venezuela entera». Insistió en que su Gobierno apoya «la cultura del diálogo y del consenso» y dijo que «me gustaría también pedir el apoyo de la oposición», aunque consideró «imposible hacerlo».

El todavía presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, aseguró ayer que antes de que la nueva Cámara con mayoría opositora tome posesión en enero, la actual Asamblea Nacional nombrará doce nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que jurarán sus cargos antes de que finalice el año.

Cabello, reelegido como parlamentario por el estado de Monagas, señaló que «tenemos tareas pendientes y no vamos a caer en la omisión legislativa por ningún tipo de chantaje, y una de las tareas pendientes es nombrar doce magistrados del TSJ». Entre esas tareas pendientes de los parlamentarios salientes figuran también la aprobación de los presupuestos de la Asamblea Nacional y del Banco Central de Venezuela.GARA