EH Bildu denuncia que PNV y PSE suprimen la AGI mientras «bajan los impuestos para los ricos»
La coalición subraya que la medida anunciada por la Diputación de Gipuzkoa dejará sin ese recurso económico a 1.422 familias en Gipuzkoa, incluidos 700 menores de edad.
Ernesto Merino, juntero de EH Bildu, ha señalado que la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de suprimir la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) «es un recorte social brutal» que «va a dejar en la cuneta a las familias más vulnerables, a las más necesitadas. Esto supondrá un aumento de la pobreza y la desigualdad en nuestro territorio».
Esta ayuda económica fue implementada durante la anterior legislatura, cuando el Gobierno de Lakua endureció los requisitos de acceso a la RGI. El representante de EH Bildu ha indicado que 1 422 familias reciben esta ayuda en Gipuzkoa, incluidos 700 menores de edad. Por lo tanto, si se elimina «habrá mayores cotas de exclusión y desigualdad, y más familias pobres».
Merino ha denunciado que la Diputación que gobiernan PNV y PSE haya puesto en marcha «una campaña muy evidente de desprestigio para crear en la opinión pública un clima contrario a las familias pobres e inmigrantes que se ven obligadas a recurrir a las ayudas públicas».
Ha tildado de «vergonzoso» que al mismo tiempo «se les baja los impuestos a los más ricos, en los últimos tres meses la recaudación del Impuesto de Grandes Fortunas ha caído dos tercios. PNV y PSE reducen la presión fiscal sobre sus amigos ricos, mientras a las familias pobres les quitan el único recurso que tienen para vivir con dignidad».
EH Bildu ha anunciado que presentará en las Juntas Generales una serie de iniciativas para que la Diputación no elimine la Ayuda de Garantía de Ingresos y para que que «abandone las prácticas xenófobas».
LAB: «Es un escándalo»
Por su parte, LAB ha apuntado que «es un escándalo que mientras la pobreza se extiende por toda Euskal Herria y hay decenas de miles de personas sin empleo, la mayoría de ellas (67,8%) no perciban ninguna prestación o cuando la perciban, sea tan precaria que no les permite llegar a fin de mes».
En este sentido, LAB exige a la Diputación de Gipuzkoa que «se mantengan las AGI a las personas que las necesitan, que se piense en las personas, se trabaje para ayudarles a todas ellas y se dejen sin efectos los recortes en ayudas sociales.
Para este sindicato, «argumentos como del efecto llamada no son más que excusas que esconden discursos xenófobos que no podemos admitir pero que desgraciadamente están calando, tanto en algunos políticos vascos como en europeos», utilizándose para llevar a cabo «recortes sociales» o «expulsar a refugiados».
Podemos: «Smilitudes con el discurso xenófobo de Javier Maroto»
El grupo juntero de Podemos ha opinado que la decisión de la Diputación es «un paso atrás gravísimo en materia de política social. Apreciamos peligrosas similitudes con el discurso xenófobo de Javier Maroto a la hora de interpretar la presencia de personas inmigrantes en nuestro entorno».
Juantxo Iturria, portavoz de la formación morada, ha considerado «lamentable que Euskadi y Gipuzkoa trate de venderse en el conjunto de España como la vanguardia de las políticas sociales, cuando la realidad es que el PNV está empeñado en desmontarla».
«No sabemos dónde queda realmente el papel del PSE en el gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ya que los socialistas que tanto criticaron en Álava y Gasteiz las políticas del señor Maroto guardan un silencio sospechoso o cobarde ante la decisión de eliminar las AGI en nuestro territorio histórico», ha agregado.
PP: «Una ayuda injusta»
Por el contrario, el portavoz del PP en las Juntas de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, se ha felicitado por la supresión de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), al considerarla «injusta» porque su principal consecuencia ha sido «la llegada de personas en exclusión social de otros territorios y sociedades haciendo que la Hacienda guipuzcoana deba luchar contra la pobreza, no sólo de esta, sino de otras sociedades que no hacen sus deberes».
A su juicio, «no se trata de cerrar la puerta a quienes necesitan ayudas, sino de buscar una solución a través de una norma que sirva para acabar con la pobreza, no que la perpetúe. No queremos que se cronifique el derecho asistencial».