La abogada del Estado dimite como asesora del Consejo del Puerto de Pasaia
La abogada jefe del Estado en la CAV, Macarena Olona, presentará su dimisión como asesora jurídica del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) debido a que su presidente, Ricardo Peña, «limita» su acceso a información sobre las presuntas irregularidades en la construcción de la lonja.
Macarena Olona comunicó ayer su decisión a todos los miembros del Consejo de Administración en un escrito remitido como respuesta a una comunicación anterior del presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Ricardo Peña, en la que informaba de la contratación de una asesoría jurídica independiente para que se haga cargo de las actuaciones en el caso de las supuestas irregularidades y el sobrecoste de más de cinco millones en la construcción de la nueva lonja.
La causa, que fue denunciado ante la Fiscalía por la propia Olona, está ya en manos de un juzgado de Donostia, después de que el Ministerio Fiscal lo haya remitido para que investigue la posible comisión de seis delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y tráfico de influencias y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.
Según ha difundido Efe, que cita fuentes del Consejo de Administración, Olona hizo saber ayer a todos los miembros de ese órgano que al inicio de la próxima sesión del Consejo presentará su renuncia como asesora jurídica porque no puede «velar adecuadamente por la legalidad» de las decisiones que adopte el Consejo.
En su escrito, la abogada responsabiliza de esta situación a Peña, al que acusa de «limitar» su acceso «libre e inmediato» a «información relevante» de la que antes disponía.
Macarena Olona no seguirá siendo asesora jurídica del Consejo, una tarea que ejercía merced a un convenio entre la Autoridad Portuaria y la Abogacía General del Estado, pero sí continuará como vocal del máximo órgano de gobierno del puerto de Pasaia.
La abogada desvincula su dimisión de la decisión de Peña de contratar una asesoría externa, una medida que no excluye el citado convenio, e incluso manifiesta su conformidad con el jurista elegido, Alejandro Hernández del Castillo, abogado del Estado en excedencia, miembro del Tribunal Arbitral de la Contratación Pública, del Comité de Arbitraje de la Construcción y de la Asociación Internacional del Derecho Portuario, según Efe.