El abc de después del Acuerdo Final, el día «D» para la construcción de la paz
Una extensa representación internacional, con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como invitado especial, avaló el histórico acuerdo entre las FARC y el Gobierno para poner fin a la guerra.
El 23 de junio de 2016 pasará a la historia de Colombia como el día en que se fijó una detallada hoja de ruta para el cese definitivo de las hostilidades entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. «Que este sea el último día de la guerra», manifestó el jefe del Estado Mayor Central de la guerrilla, Timochenko, quien recibió de manos del presidente un «balígrafo», para escribir entre todos un futuro en paz.
Las armas callarán el día «D» a la hora «H» tras la firma del Acuerdo Final. En ese momento, se impartirán instrucciones «precisas» a la Fuerza Pública y a las estructuras de las FARC-EP para que ejecuten el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y den paso al proceso de dejación de armas.
Con ese propósito, se crearán a lo largo de la geografía colombiana 23 «Zonas Veredales Transitorias de Normalización» –una vereda es la más pequeña subdivisión en la estructura administrativa en Colombia–.
Estas zonas, ubicadas en veredas de 22 municipios de 12 departamentos, tendrán una vigencia de 180 días –período en el que se debe culminar el proceso de desarme–. También se establecerán ocho «pequeños puntos transitorios de normalización» que tendrán una extensión de 200 x 200 metros, es decir, cuatro hectáreas y estarán situados en ocho municipios de otros tantos departamentos.
A partir del día «D+1», las Fuerzas Armadas «reorganizarán el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de» los guerrilleros y el día «D+5», las distintas misiones, comisiones y unidades de combate de las FARC se desplazarán hacia las zonas acordadas, «siguiendo las rutas establecidas» por la guerrilla y el Gobierno.
En todas ellas operará un Mecanismo de Monitoreo y Verificación conformado por representantes de la Fuerza Pública, de las FARC-EP y por una «misión política» de la ONU, que estará integrada por observadores no armados principalmente de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El número de equipos de monitoreo dependerá de las áreas, número de personas y armamento a monitorear, topografía y factores de riesgo.
La salida de los combatientes de los campamentos, en los cuales quedará en suspenso las órdenes de detención «previa entrega por parte de las FARC de un listado de sus integrantes presentes en cada una de las zonas transitorias», se hará sin armas y vestidos de civil. Mientras el cese al fuego esté en vigor, las FARC designarán de entre sus filas a un grupo de 60 personas que podrán desplazarse por territorio colombiano en tareas de pedagogía de paz.
La dejación de armas, que comenzará con la firma del Acuerdo Final, consiste, tal y como lo recoge el acuerdo, «en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC para destinarlo a la construcción de tres monumentos».
El proceso de recolección y almacenamiento se llevará a cabo en varias fases en un plazo máximo de 180 días, al cabo de los cuales se dará por terminado el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como el funcionamiento de las «Zonas Veredales Transitorias de Normalización» en las que se habilitarán contenedores para depositar el armamento individual de cada integrante de las FARC.
Las garantías de seguridad constituyen otro de los pilares fundamentales del acuerdo. En este apartado se incluyen medidas para el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, entre ellas, la creación por parte del Gobierno de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la puesta en marcha dentro de la Fiscalía de una Unidad Especial de investigación enfocada «al desmantelamiento de las organizaciones responsables de homicidios y masacres».
El Gobierno creará un Cuerpo de Seguridad y Protección que estará integrado por exguerrilleros y la Policía Nacional.
También se compromete a «depurar de los bancos de datos de las centrales de inteligencia, los nombres e información sobre miembros de organizaciones de derechos humanos, de la oposición y del nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la actividad política y de sus familiares, cuando estén incluidos, por el hecho de serlo».