El juez mantiene la acusación a Mas, Rigau y Ortega al cerrar la instrucción por el 9N
El magistrado que instruye la causa del 9N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.
El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acordado trasladar el caso a las partes para que soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa, según ha informado en TSJC en un comunicado.
Así, el cierre de la investigación deja a los tres investigados más cerca de sentarse en el banquillo, a falta de que las acusaciones se pronuncien; si hay acusación, como se prevé, el juez dictará un nuevo auto en el que mandará el caso a juicio.
El magistrado ha desestimado la petición de sobreseimiento que habían solicitado las defensas de los investigados por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
Voluntariado
El juez rechaza en su resolución la justificación que dieron los investigados de que todo el proceso quedó en manos del voluntariado de la consulta tras el 4 de noviembre –cuando el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el proceso–, sin intervenir la Generalitat.
El juez concluye que también fue relevante el servicio de contratistas privados pagados por la Generalitat y con conocimiento de los tres investigados, «con plena conciencia de la desobediencia» a la suspensión judicial del proceso de la consulta, como constatan correos electrónicos entre la Generalitat y los contratistas en que se pedía literalmente confidencialidad y tacto.
Además, los voluntarios tenían funciones como recibir y custodiar el material del proceso, pero no de recogerlo, trasladarlo, instalarlo, desmontarlo ni devolverlo, entre otras funciones; la web oficial del 9N –encargada por la Generalitat– siguió abierta tras el 4 de noviembre; el CTTI de la Generalitat encargó los programas informáticos para el proceso de datos de las votaciones, y pidió a la empresa contratada que reforzara los equipos de guardia el fin de semana del 9N.
También consta que la Conselleria de Enseñanza adquirió 7.000 ordenadores portátiles en octubre de 2014 para las votaciones; que Gobernación encargó al Centre d'Iniciatives a la Reinserció (Cire) hacer urnas, sobres, papeletas y otros materiales, y que la empresa contratada para recogerlo y distribuirlo lo hizo tras el 4 de noviembre; y Presidencia contrató el acondicionamiento de un pabellón para el Centro de Prensa Internacional, donde la vicepresidenta difundió datos el día de la votación.
Alega, además, que los voluntarios tenían un seguro de accidente contratado por Gobernación; que hubo una campaña institucional para la participación en la consulta; que centros educativos de la Generalitat acogieron urnas; que Enseñanza hizo reuniones sin levantar acta aunque evitó impartir instrucciones escritas a directores de institutos que iban a acoger urnas, si bien hubo «instrucciones verbales» según las testificales.
Homs
El juez también destaca que uno de los contratistas, T-Systems, preguntó a la Generalitat si debía cumplir su encargo tras la providencia del TC del 4 de noviembre, y el conseller de Presidencia, Francesc Homs, le respondió que sí debía cumplir y que ponía a su disposición los servicios jurídicos de la Generalitat.
La causa también afecta precisamente a Homs como participante activo en el proceso, aunque no la tramita el TSJC sino el Tribunal Supremo (TS) al ser aforado por este tribunal, como diputado del Congreso desde las elecciones de diciembre de 2015.