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Las fuerzas del cambio registran la propuesta para crear la oficina anticorrupción en Nafarroa

Los grupor parlamentarios de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado en el Parlamento de Nafarroa la proposición de Ley Foral para la creación de la Oficina anticorrupción, una propuesta incluída en el acuerdo programático de las cuatro fuerzas.

Manifestación de Kontuz contra la corrupción. (NAIZ)

Las cuatro fuerzas que sustentan el Gobierno de Nafarroa han registrado en la Cámara navarra la proposición de Ley para la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupcíon, cumpliendo de esta forma otro de los puntos que incluyeron al firmar el acuerdo programático que apoyo el cambio de Gobierno en Nafarroa.

La ley, que se debatirá y tramitará tras el parón veraniego, tiene el objetivo de «prevenir e investigar posibles casos de corrupción, fomentar las buenas prácticas y preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del sector público».

Con ello, tratarán de fomentar la participación ciudadana en el control de las instituciones y establecer sistemas de rendición. De esta forma, el ámbito de actuación abarca al conjunto de instituciones que conforman la Comunidad Foral.

Para ello, han fijado cuatro principios. El primero la prevención, mediante el cual vigilarán el conflicto de intereses, el estudio de conductas de escasa probidad de empleados y cargos públicos y también realizará asesoramiento institucional especializado y desarrollará actividades de formación de trabajadores del sector público, cargos políticos y cargos directivos. El segundo eje será la investigación cuyo objeto será identificar a los responsables de desviaciones en fondos públicos, conflictos de intereses -reales o potenciales-, abusos y desviación de poder, uso no autorizado de informaciones de acceso reservado, aprovechamiento en beneficio  particular  o  de  terceros  de  bienes  y  recursos  públicos,  así  como   de  otras  conductas irregulares de autoridades, altos cargos y trabajadores del sector público, personas físicas o jurídicas, que pudieran ser causa de perjuicio moral o económico para las Administraciones Públicas.

El control y la evaluación de las medidas de lucha contra el fraude y la corrupción es el tercer eje de acción de esta Oficina. Para ello, establecerá canales de coordinación y cooperación estable con otras instituciones a los efectos de cumplir sus objetivos.

Se configura como el cuarto eje que inspira esta ley la protección de las personas que, perteneciendo al ámbito  de actuación de esta ley, denuncien conductas sospechosas  o  prácticas irregulares que produzcan menoscabo moral o económico a nuestras Instituciones.

La propuesta se debatirá y tramitará tras el periodo vacacional.