Aunque discrepa, el Gobierno no va a recurrir la sentencia sobre la escolta a Del Burgo

El Gobierno de Nafarroa, aunque discrepa con el fallo, no va a presentar un recurso de casación contra la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJN que estima el recurso de Jaime Ignacio del Burgo frente a la sustitución de su servicio de escolta por uno de contravigilancia. El coste bruto de ese servicio de escolta es de unos 128.000 euros.

Esta decisión ha sido explicada en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de Podemos, por la consejera de Presidencia, María José Beaumont, quien, ante un pregunta de Geroa Bai, ha informado de que a Del Burgo se le asigna un único policía, lo que supone un coste bruto de unos 128.000 euros.

Este gasto se deriva de la asignación de tres agentes, necesarios para cubrir todo el año, según Beaumont, quien ha añadido que habría que añadir los gastos derivados de dietas o desplazamientos.

«Unas cuantas cositas se podrían hacer con eso, pero es lo que hay», ha dicho Beaumont, quien ha cifrado en unos 15.000 euros el gasto de la contravigilancia que propugnaba el Ejecutivo navarro.

Sobre el recurso, ha comentado que se han planteado presentar un recurso de casación pero no es viable, sería «suicida», ya que en este procedimiento se ha debatido únicamente normativa foral, por lo que la competencia no sería del Supremo, sino de la sala que lo ha resuelto y «a la vista de la argumentación no va a cambiar».

La consejera ha valorado que la sentencia desestima todas las alegaciones presentadas por el expresidente Del Burgo, unas alegaciones que ha calificado de «tonterías», lo que ha llevado a la portavoz del PPN, Ana Beltrán, a pedir que retire sus palabras.

El fallo, según Beaumont, entiende que no está garantizada absolutamente la seguridad de esta persona, que es insuficiente una contravigilancia.

En relación con esa sentencia ha preguntado también el parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza, quien en primer lugar ha querido dejar claro que no cuestionan ni el fallo, ni la seguridad de las personas, sino que se interesan por el destino de los fondos públicos, por lo que ha preguntado por el dispositivo y el coste necesario para dar cumplimiento al fallo.

La consejera le ha respondido que a Del Burgo se le asigna un único policía y sin vehículo oficial, tal y como se venía haciendo, y que el coste ronda los 128.000 euros.

En su respuesta a Podemos, ha anunciado que este año se prevé presentar en el Parlamento una modificación de la ley de Incompatibilidades y ha añadido que el acuerdo programático prevé aprobar un Código Etico que recoja qué conductas se consideran adecuadas y se establezca un procedimiento sancionador.

Beaumont ha manifestado también que está en revisión la normativa que regula el uso de coches oficiales y escoltas por parte de los expresidentes, acotando las situaciones para que no se den casos como el actual, que hace referencia a una persona que fue presidente hace 35 años y de manera muy efímera.

Ha indicado que en la ley foral del Gobierno y su presidente se hacen menciones excesivamente genéricas, por lo que si los grupos consideran que es una norma antigua y que debiera matizarse pueden plantearlo, ha apuntado.

En su intervención, Laura Pérez, tras remarcar que les preocupa la seguridad de todas las personas por igual ostenten el cargo que ostenten, ha incidido en que como esta medida supone un gasto para el era público la necesidad debe estar «objetivada y no producir desigualdad con otro tipo de situaciones».

La alusión en su exposición a la expresidenta Yolanda Barcina ha llevado al parlamentario de UPN Carlos García Adanero a pedir el turno de palabra para defender su honor, señalando que Barcina está en su plaza en la UPNA sacada por oposición y que sus nombramientos en otros lugar nada tiene que ver con su condición de expresidenta.