¿Votar es cosa de ricos?
Los pobres votan menos que los ricos, también en Euskal Herria, algo que deja tocadas las bases de la democracia representativa, dado que una parte de la población queda sistemáticamente excluida. Los investigadores apuntan a la falta de capital social.
Evidentemente no, votar no es de ricos. Todo ciudadano que cumpla los requisitos legales, independientemente de su condición social, tiene derecho a depositar en una urna su preferencia electoral. Pero una cosa son los derechos y otra su ejercicio práctico, del cual se desprende que los ricos votan mucho más que los pobres. En efecto, el principio de «un ciudadano, un voto» se resiente cuando se comprueba que, sistemáticamente, la parte más desfavorecida de la sociedad no se siente interpelada a participar en las elecciones.
Es precisamente lo que han comprobado el investigador en ciencia política de la Universidad de Deusto Braulio López y el coordinador de la Unidad Estadística del IESA-CSIC, Manuel Trujillo, en el estudio “Urnas vacías en los suburbios de las ciudades”, en el que detectan los agujeros negros de la democracia, identificando las secciones censales con menor participación como las situadas en los barrios de mayor exclusión socioeconómica, y viceversa: allí donde más se vota es donde la renta es más alta. En el Estado español, el extremo se sitúa en las dos grandes urbes, Madrid y Barcelona, seguidas de las ciudades andaluzas. En las cuatro capitales vascas al sur de los Pirineos la diferencia no es tan grande como en las grandes ciudades del Estado –en la Cañada Real madrileña la abstención llegó en las elecciones de diciembre de 2015 al 92%–, pero el patrón se repite de forma clara: las mesas con más abstención se dan en barrios de rentas bajas, y la mayor participación se observa en zonas generalmente de renta alta.
Según los datos ofrecidos a este diario por Braulio Gómez, la situación resulta especialmente grave en Bilbo, donde en las elecciones estatales del 26J la sección censal menos participativa (43,9% de participación) se situó en Otxarkoaga y, por contra, la que más votantes registró se encuentra en Abando (82,71%). La diferencia de participación entre una sección censal (unidad que agrupa entre 500 y 2.000 electores) y otra es de nada más y nada menos de 38,81 puntos. Aunque con menor intensidad, la norma se repite en el resto de capitales, tal y como se puede observar en el cuadro adjunto: en Iruñea hay 28 puntos de diferencia entre Etxabakoitz e Iturrama; en Gasteiz son 25 los puntos de diferencia entre Txagorritxu y San Martín; mientras que en Donostia la diferencia entre Intxaurrondo y Antiguo es algo más limitada y se reduce a 20 puntos.
«No llega al nivel de los campeones de la desigualdad como Madrid o Barcelona, pero Bilbo está dentro de las ciudades que tienen un problema preocupante de desigualdad política», advierte Gómez, que en cualquier caso pone el acento en que el patrón se repite en todas las ciudades, ya que supone «un problema para cualquier modelo ideal de democracia al que se aspire». «Hay que remarcar que no se queda fuera de la participación cualquiera, que no es algo aleatorio, sino que se queda sistemáticamente fuera un tipo determinado de ciudadanos», añade Gómez, en referencia a los sectores en situación de exclusión severa.
Votar es contagioso
Las consecuencias de esta exclusión política, que lleva tiempo analizándose en los países anglosajones pero que apenas empieza a contemplarse en la Europa continental, son letales, según señalan los autores del estudio: «Aunque el voto es la menos desigual de todas las formas conocidas de participación, dejaría de cumplir su condición igualitaria si excluyera sistemáticamente a algunos de los grupos que componen la sociedad». Es decir, la máxima de que todos somos iguales ante una urna quedaría de esta manera en entredicho.
La pregunta siguiente viene casi sola: ¿Por qué los pobres votan menos? ¿El nivel de renta de una persona debe determinar su participación política? En busca de respuestas, Gómez explica que empezaron a investigar encuestas individuales realizadas por diferentes entidades, de las cuales extrajeron varias conclusiones: «Las ayudas económicas que reciben algunos no tienen incidencia ninguna en la participación electoral, ya que su nivel de abstención es el mismo de los que no reciben ninguna ayuda. Y la falta de confianza en los políticos tampoco, porque está en el mismo nivel que el de otro tipo de personas». ¿Entonces? La respuesta es la ausencia de capital social, «la falta de contacto con seres humanos implicados políticamente», en palabras de Gómez. «La falta de recursos económicos o educativos se traduce al final en una falta de recursos políticos, en esos barrios no se habla de política», dice el investigador de Deusto, que añade que hay encuestas que dicen que hay personas que en vísperas de unos comicios ni siquiera saben que al día siguiente hay elecciones. «Está demostrado que la participación electoral se activa cuantas más personas de tu entorno voten; es decir, votar es contagioso», remata Gómez.
En el estudio lo dicen de forma parecida: «Cuantas más ventanas abiertas al mundo exterior, más posibilidades de recibir estímulos e información política que incrementen las ganas de participar en los distintos procesos electorales». Como ejemplo a la inversa, añaden que «la concentración de personas sin derecho a voto (migrantes) en los espacios de exclusión estaría potenciando un entorno abstencionista».
Los pobres no están en Twitter
Pese a la gravedad del fenómeno, que se repite elección tras elección, ni los partidos políticos ni las instituciones, en términos generales, han puesto en marcha iniciativas destinadas a acercar a las urnas a los ciudadanos de los barrios excluidos. De hecho, en el estudio lamentan que la opción dominante elegida por los nuevos partidos es la de fomentar la participación a través de internet. Lo han hecho con resultados discutibles, dado que «los ciudadanos con menos recursos económicos y los de clase más baja son los que menos acceden a la red en busca de información política y aún menos participan o toman decisiones en las nuevas ventanas digitales». En otras palabras, los más excluidos no se han enterado de la llegada de la llamada nueva política. Si el eje de izquierda-derecha ha virado al eje de «los de arriba y los de abajo», resulta sintomático que los últimos no se hayan dado por aludidos.
Gómez lo resume de forma más cáustica: «La brecha digital en estos barrios es de un tamaño oceánico, los pobres no están todo el día en Twitter creando opinión, no utilizan las tecnologías con intencionalidad política». Por ello lamenta que los partidos dan por perdidos estos agujeros negros de la democracia: «Son espacios en los que no consideran que necesiten aparecer dando un mitin o desplegando algún tipo de estrategia de comunicación política». Las causas son diversas, pero entre ellas destaca como hipótesis la falta de interés de la mayoría de partidos en unos sectores que apenas constituyen el 5% del electorado en todo el Estado –todavía menos en Euskal Herria–.
Un círculo vicioso
La espiral negativa es evidente: los partidos y las instituciones no articulan propuestas e iniciativas destinadas a la inclusión política de estos sectores de la sociedad, que a su vez no se organizan política ni socialmente para defender sus intereses. No se sienten interpelados. «El Estado no va a desarrollar políticas enfocadas a los que más las necesitan si no articulan una demanda, si no presionan para satisfacer sus intereses», explica Gómez. La base de la democracia representativa queda de este modo tocada seriamente pues, más allá de la formalidad, no es cierto que los sectores más excluidos estén representados en las instituciones.
A la hora de proponer remedios, Gómez y Trujillo no tienen recetas mágicas, pero apuntan sin titubeos hacia una única dirección: incluir en los planes integrales contra la pobreza iniciativas reseñables para incorporar a los excluidos al censo electoral activo. El premio, aseguran en el estudio, podría ser doble, pues favorecer la participación política sirve también para elevar el capital social de una comunidad y luchar así contra la pobreza. «Las políticas de erradicación de la pobreza son más efectivas y sostenibles si la población objeto de la intervención social se involucra a través de su participación», aseguran Gómez y Trujillo.