Defensores del pueblo piden un nuevo sistema de acogida con más reubicaciones para refugiados
Defensores del pueblo de nueve comunidades autonómicas del Estado español, entre ellas los de la CAV y Nafarroa, han abogado por «superar» el actual sistema de acogida de refugiados, que es «lento e ineficaz», aumentar las reubicaciones y prestar especial atención a los menores no acompañados.
Las Defensorías del Pueblo de Nafarroa, la CAV, Catalunya, Galicia, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana han presentado en Gasteiz un manifiesto en el que reclaman medidas para hacer frente al «cataclismo humanitario» de los refugiados, en el que además censuran la actitud mantenida hasta ahora por la Unión Europea.
Este documento, que alerta de que la ola de frío «ha empeorado aún más las ya penosas condiciones» de los refugiados, incluye medidas dirigidas a los Gobiernos autonómicos, al Ejecutivo español y a la Unión Europea.
Por ello, entre las medidas dirigidas a las comunidades se plantea que ofrezcan plazas para acoger a refugiados, de manera que sea posible aumentar las reubicaciones, y que reserven un cupo para menores no acompañados por su «especial vulnerabilidad», al tiempo que se les pide que presten especial atención a sus necesidades educativas.
Al Gobierno de Madrid se le insta a buscar una «fórmula legal» para que las comunidades que quieran puedan «corresponsabilizarse» en las tareas de acogida y que valore la posibilidad de conceder «visados con validez territorial limitada por motivos humanitarios».
Se le pide asimismo una mejor coordinación con la Unión Europea, donde debe trabajar para «acelerar» los compromisos de acogida.
Lo deseable sería «solucionar los problemas en los lugares de origen» para evitar que haya personas que tengan que «huir de guerras», pero como no ha sido así, es imprescindible «mejorar la coordinación» en la respuesta de las instituciones. «Esto es una cadena, si un eslabón falla el proceso de resiente».
Los defensores reclaman a la UE que «remueva los obstáculos» que han impedido al Estado español acoger su cupo de refugiados, que evalúe el acuerdo con Turquía por entender que es «susceptible de vulnerar los derechos» y que piense si este pacto «se concilia con un modelo respetuoso con los derechos humanos y valores europeos».
Subrayan además la conveniencia de que haya flujos migratorios «controlados y regulados», porque «el cierre de las fronteras estimula la existencia de traficantes de personas» que «ponen en riesgo la vida de muchos seres humanos y se enriquecen a costa de su desesperación».