Acusados de Kutxabank recurren a un tema técnico para pedir el archivo

Los representantes legales de los tres acusados por los pagos irregulares de Kutxabank al exdelegado del Gobierno español en la CAV, Mikel Cabieces, reclamaron ayer en la primera sesión que se archive la causa alegando que la acusación no puede enjuiciar el delito de administración desleal ni acusar del delito de falsedad documental. Sustentan su demanda en que el único perjudicado es el banco vasco y que este rehusó personarse en el caso.

El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alkorta, sentados ayer por primera vez en el banquillo de los acusados por los supuestos pagos ilegales realizados a Cabieces a través del bufete de Alkorta (con Fernández al frente de la entidad bancaria) lanzaron ayer una batería de alegaciones a través de sus abogados para reclamar a la sala que no siga adelante con el juicio. En esta primera vista, dedicada a examinar las cuestiones previas, el primero en reclamar el archivo de la causa fue el exmagistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que ejerce la defensa de Mario Fernández.

Como sintetizó el propio Fernández en una nota enviada a los medios poco después de concluir la vista para explicar su argumentación, Bueren defendió que el juicio no debe seguir porque «la acusación no es válida para enjuiciar un delito de administración desleal». Su principal argumento es que «el presunto perjudicado, Kutxabank, rechazó el ofrecimiento del juzgado para personarse» y agrega que «no existe daño a los intereses generales ni a una pluralidad de personas», agarrándose a que el Código Penal recoge expresamente este requisito.

A juicio de las defensas de los acusados, no debió iniciarse siquiera el procedimiento, porque el Ministerio Fiscal no estaba legitimado para hacerlo y «la acusación popular tampoco tiene capacidad para formular este delito». Consideran igualmente «indebida» la acusación por falsedad documental, ya que estiman que «no hay hechos precisos» y esto vulneraría el derecho a la defensa el encontrarse ante terminos «imprecisos, vagos o insuficientes».

Aludió, asimismo, el letrado de Fernández a la intencionalidad que pudo guiar a la Fiscalía al sentar en el banquillo a «un relevante político y a un más que relevante banquero» en un ambiente social marcado por numerosos casos de corrupción.

Los letrados de Cabieces y Alkorta, que hicieron suya la exposición de Bueren, se centraron en cuestiones como la vulneración de derecho a la protección de datos, en referencia a que se «buceara» en las cuentas bancarias del exdirigente del PSE, o la «inconcreción» al señalar a qué facturas se refiere la acusación, lo que para el letrado de Rafael Alkorta hace «bastante difícil que nos podamos defender».

«Sobrados indicios»

Fiscalía y acusación popular –en representación de LAB, ESK, Steilas, EHNE, Hiru, EKA y Pentsionistak Martxan– reclamaron que se desestimen las cuestiones previas y se siga adelante con el juicio. El fiscal afirmó de forma tajante que «son sobrados los indicios de comisión de delitos» y defendió que el hecho de que Kutxabank renunciase a personarse en el caso no resta valor a la indagación, que atribuyó a una denuncia en toda regla, pese al intento de llevar el debate a la terminología.

La Fiscalía reiteró que los informes de la entidad sobre las irregularidades durante el procedimiento «han sido contundentes y demoledores», que sostuvieron en todo momento la naturaleza irregular de la contratación y que ante los hechos que se pusieron en su conocimiento era su obligación «iniciar el procedimiento penal».

En el mismo sentido, la letrada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, consideró que las alegaciones de los acusados pueden entenderse en el legítimo uso de sus derecho a la defensa pero tienen «muy poco estrato jurídico».

Según recordó Goirizelaia, la mayoría de las cuestiones planteadas «han sido resueltas antes durante la instrucción del procedimiento y la tramitación del mismo». Defendió, asimismo, que «no vulnera ningún derecho» que Kutxabank no se haya personado como acusación, ya que, según remarcó, los sindicatos y organizaciones sociales que representa son también perjudicados ante prácticas como las que se juzgan, aunque la entidad bancaria no se presente como perjudicada.

La abogada rechazó, por otra parte, la vulneración del derecho a la intimidad alegada por la defensa de Cabieces, al explicar que los documentos que se firman con la apertura de una cuenta corriente facultan a que esos datos sean tratados en determinadas situaciones. Y destacó tras la exposición de los letrados de los acusados que «para no saber de qué se les acusa, se defienden muy bien». «Nos han traído una gran cantidad de documentos», manifestó.

Carlos Bueren, de juez de la Audiencia Nacional a defensor de banqueros y joyeros

Este juicio ha provocado la reaparición en Euskal Herria de un jurista muy conocido en los años 80 y 90: Carlos Bueren Roncero, que ejerce como defensor de Mario Fernández. Como magistrado de la Audiencia Nacional, durante una década entera Bueren instruyó numerosos sumarios relacionados con ETA, como el de la redada de Sokoa o los secuestros de Julio Iglesias Zamora y Emiliano Revilla. En 1995, sin embargo, lo que cayó en sus manos fue otro secuestro de muy distinto signo y además con resultado de muerte: el caso de Joxean Lasa y Joxi Zabala, reabierto tras hallarse sus restos mortales en la morgue de Alicante.

Tras practicar varias diligencias, en el momento en que llegaba la hora de tomar decisiones sobre el entonces general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo ante los abundantes indicios en su contra, Bueren prefirió dejar la Audiencia Nacional. Fue otro juez, Javier Gómez de Liaño, quien tuvo que acabar el sumario bajo fortísimas presiones.

Bueren volvió a ejercer la abogacía, enrolado en uno de los bufetes más importantes, y mejor pagados, del Estado: Uría Menéndez. Desde entonces ha defendido a importantes banqueros, como Emilio Botín, expresidente del Banco Santander al que logró absolver en la Audiencia Nacional por «apropiación indebida», y ha representando al Banco Financiero de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, en el escándalo que lleva este nombre. También fue contratado por la familia Tous, conocidos joyeros, tras la muerte por un disparo de un asaltante de su vivienda en Barcelona. Después de una década de litigio, finalmente el yerno acusado, Lluis Corominas, ha evitado la cárcel a través de un acuerdo con la Fiscalía que dejaba la condena en dos años de prisión. Como se ve, Bueren salió de la AN por la puerta falsa, pero parece un abogado de éxito. R.S.