Cincuenta años de aborto legal en Gran Bretaña

Gran Bretaña dio luz verde en 1967 a la Abortion Act, la ley del aborto que, con alguna modificación, continúa hoy vigente. La legislación permite poner término al embarazo hasta las 24 semanas y en algunos casos más adelante. Se estima que una de cada tres mujeres de Inglaterra, Gales y Escocia se someterá a un aborto en su vida.

Ella murió al abortar. Yo, como tenía dinero, sobreviví. Fue en ese momento cuando supe que tenía que dedicar mi vida a luchar por la legalización del aborto». Con voz entrecortada por los achaques de la edad, Diane Munday expone su testimonio en el programa dedicado a las mujeres de la BBC Radio4. «En aquel entonces, una modista me estaba haciendo un vestido. Ella era una chica joven, con tres hijos. Un día mi madre me dijo que no podíamos ir a probar el vestido porque la modista había muerto. Fue la primera vez que escuché la palabra aborto», recuerda. Diane Munday tenía entonces 21 años. Su modista murió porque se le complicó el aborto ilegal que se le había practicado. Impresionada con la noticia, Munday comentó el asunto con médicos del hospital donde trabajaba de asistente. La respuesta que le dieron le dejó helada: «Deberías alargar tu turno un viernes por la noche para ver la realidad». Y así lo hizo. En el hospital tenían dos salas en las que todas las semanas (sobre todo los viernes, que era día de cobro) iban a parar muchas mujeres con graves infecciones y otras complicaciones derivadas de abortos ilegales en centros clandestinos o incluso en domicilios.

Fue el caso de una mujer cuyo testimonio recogió la BBC en 1964. Ella estaba separada y mantenía una relación sentimental con un hombre casado y con dos hijos. Al enterarse de que se había quedado embarazada, contactó con una organización que le proporcionó unas píldoras que no funcionaron. «Mi embarazo estaba bastante avanzado para cuando nos dimos cuenta de que las pastillas no habían surtido efecto, así que había que optar por la opción quirúrgica», explicaba entonces desde Newcastle. «Yo estaba separada, mi amante casado y con hijos.... Había perdido mi trabajo... tenía que hacerlo», contaba. La «operación» tuvo lugar en el propio domicilio de la mujer. «Me advirtieron de que iba a ser dolorosísimo, pero accedí. Y lo fue. Un parto no es nada comparado con aquello». Los instrumentos empleados: agua hirviendo para esterilizar el material quirúrgico punzante, toallas.... y brandy para tratar, sin éxito, de conseguir un efecto anestésico. «Vomitaba sin parar y sentía un dolor inmenso. Al final supliqué a la mujer que me practicó el aborto que llamara a mi médico y me llevaron al hospital. No la volví a ver jamás», relataba.

Cuando se enteró de la muerte de su modista, Munday desconocía que ella misma iba a pasar por una situación similar pero, afortunadamente, con diferente resultado. «Cuando me casé no existía la píldora. Me quedé embarazada de mis tres hijos en un plazo de tres años. Al año siguiente, me quedé encinta del que hubiera sido mi cuarto hijo. Pensé que ya no podía más. Decidí abortar», rememora. Sus ingresos le permitieron encontrar una clínica que practicaba abortos de manera semilegal. Previo pago de 60 libras (cantidad elevada entonces) un siquiatra certificó que su salud mental peligraría en caso de dar a luz, una opción aceptada para proceder al aborto, que se le prac- ticó en buenas condiciones y con anestesia.

Entonces, la ley del Aborto de 1967 todavía no había sido aprobada. Diane Munday fue una de las mujeres que luchó para regular esta práctica. Su trabajo con el entonces diputado liberal David Steel dio lugar a la Abortion Act en 1967, que se mantiene vigente hoy en día en Gran Bretaña. Según esta ley, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación, previo consentimiento de dos médicos que deben certificar que el daño para la mujer es menor que si continuara con el embarazo. Además, bajo algunos supuestos, es posible practicar el aborto después de 24 semanas, si es necesario para salvar la vida de la madre, para prevenir un daño grave físico o mental en la madre o si el feto nacerá con deformaciones graves.

Servicios de apoyo

Hoy por hoy en Gran Bretaña existen servicios de apoyo a aquellas mujeres que quieren abortar. Es el caso de la British Pregnancy Advisory Service (BPAS), la mayor organización de este tipo que guía, aconseja sobre las posibilidades e incluso ofrece una lista de precios para aquellas mujeres que prefieran poner término a su embarazo en un centro privado. Cuantas más semanas embarazada, más costosa la operación. Un aborto dentro de las primeras diez semanas se practicará con píldora y tendrá un coste de 760 euros. Entre las 19 y 24 semanas, asciende a 2.400 euros.

«Una de cada tres mujeres de este país va a abortar en algún momento de su vida y todavía sigue siendo un estigma», recuerda Katherine O’Brien, portavoz de la asociación. Aun así, en los 50 años que la organización lleva trabajando sobre el aborto, «se nota que ese tabú va disminuyendo porque muchas mujeres se sienten seguras hablando de ello públicamente, y eso es muy importante». Aunque no existe un perfil determinado de la mujer que aborta, sí se recogen algunos cambios a lo largo de los años. «En esta última década, los abortos en mujeres jóvenes han disminuido y han aumentado los casos de quienes deciden abortar con más de 30 años. Además, el 70% de las mujeres que aborta está casada o tiene pareja estable, en comparación con el 48% de 2005. De hecho, más de la mitad de las mujeres que ponen fin a su embarazo ya son madres», asegura O’Brien.

Sin embargo, aunque la ley del aborto vigente se considera «una victoria para los derechos de la mujer», para la BPAS no es suficiente. «La ley no despenaliza el aborto, las mujeres que no reúnan los criterios recogidos en la legislación todavía se enfrentan a penas de cadena perpetua, incluso aquellas que aborten con medicamentos adquiridos por Internet», lamenta O’Brien.

Irlanda, una de las leyes del aborto más restrictivas del mundo

Hasta cinco mil mujeres de Irlanda se ven obligadas a viajar a Gran Bretaña para abortar cada año, según los datos de Amnistía Internacional (AI). La legislación vigente sobre el aborto en la isla de Irlanda es una de las más restrictivas del mundo y hoy por hoy, el derecho a vivir del nonato se sitúa en el mismo nivel que el derecho a vivir de la madre.

La legislación irlandesa ha sido fruto de críticas por parte de organizaciones como Naciones Unidas, que el año pasado emitió una resolución en la que aseguraba que la ley irlandesa vigente es «contraria a los derechos humanos», y se basaba para ello en el caso de una mujer a la que se le obligó a viajar al extranjero para poner fin a su embarazo cuando el feto padecía deformaciones congénitas incompatibles con la vida.

De hecho, las mujeres que aborten o quienes les ayuden a hacerlo se enfrentan a penas que podrían ser hasta de cadena perpetua en el norte de Irlanda y a catorce años de confinamiento en el resto de la isla.

«Con la prohibición del aborto lo único que se consigue es que las mujeres con dinero tengan opciones y las mujeres sin dinero tengan bebés», critica Mara Clarke, portavoz de la organización Abortion Support, desde la cual prestan ayuda ya sea aconsejando o dando apoyo financiero a las mujeres irlandesas que viajan a Inglaterra, Escocia o Gales para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.

«Las mujeres que no pueden permitirse el viaje no es que se olviden de la idea de poner fin a su embarazo –explica Clarke–. De hecho, hemos tenido casos de mujeres que han tomado un cocktail de pastillas, se han tirado por las escaleras o incluso han intentado causar un accidente para provocarse un aborto».

Uno de los episodios más traumáticos fue el de Savita Halappanavar, una joven irlandesa de origen indio de 31 años que falleció en 2012 de una septicemia durante un aborto espontáneo después de que un hospital irlandés se negase a practicarle un aborto que habría salvado su vida.

Son casos como este los que están haciendo que poco a poco comience a reconsiderarse la legislación vigente. Actualmente existe una asamblea ciudadana que trabaja en el Parlamento de Dublín para tratar de analizar el alcance médico y ético de la interrupción voluntaria del embarazo y que está considerando proponer algunos cambios para suavizar la legislación.M.S.